Vacunatorio VIP: empiezan las indagatorias a Duhalde, Verbitsky y otros acusados

La causa del Vacunatorio VIP entra en una etapa de exposición judicial para más de treinta personas citadas a indagatoria por haber recibido vacunas contra el Covid-19 durante la pandemia por fuera de los criterios sanitarios vigentes en aquel momento.

Entre los convocados aparecen el expresidente Eduardo Duhalde, Hilda “Chiche” Duhalde, el periodista Horacio Verbitsky, exfuncionarios y dirigentes que, según la acusación, no habrían tenido un rol meramente pasivo. La fiscalía sostiene que quienes aceptaron las dosis pudieron haber contribuido al desvío de un recurso público escaso, destinado entonces a personal sanitario y grupos priorizados.

El expediente nació en febrero de 2021, cuando se conoció que se habían aplicado vacunas Sputnik V en dependencias vinculadas al Ministerio de Salud. El escándalo provocó la salida de Ginés González García y abrió una discusión pública profunda sobre privilegios, acceso desigual a bienes sanitarios y responsabilidad política durante la emergencia.

Durante los primeros años, la investigación tuvo avances y retrocesos. La jueza María Eugenia Capuchetti llegó a sostener que adelantarse en la fila no configuraba delito, pero la Cámara Federal ordenó profundizar la pesquisa y revisar el papel de los beneficiarios. Esa decisión cambió el eje: ya no sólo se analiza la conducta de funcionarios que organizaron el circuito, sino también la posible participación de quienes recibieron las dosis sabiendo que no correspondían.

El encuadre penal mencionado en la causa es el de participación necesaria en peculado, una figura que apunta al uso irregular de bienes públicos bajo custodia estatal. En este caso, el bien en discusión no era dinero sino vacunas, que en el inicio de la campaña tenían disponibilidad limitada y estaban rodeadas de reglas de prioridad sanitaria.

Las indagatorias no implican culpabilidad. Son una instancia de defensa, explicación y eventual producción de prueba. Pero sí marcan un cambio de ritmo en un expediente que conserva valor institucional: obliga a revisar cómo se administró un recurso crítico en el peor tramo de la pandemia y si los vínculos políticos o personales pesaron más que las normas fijadas para la población.

El calendario judicial se extenderá durante las próximas semanas. A partir de esas declaraciones, la Justicia deberá decidir si procesa, sobresee o profundiza medidas sobre cada acusado. La causa vuelve así a una pregunta que sigue teniendo peso ciudadano: qué responsabilidad corresponde cuando el Estado administra bienes escasos y algunos acceden antes que quienes estaban en la fila formal.