Sueños Compartidos: condenaron a José López y a los Schoklender, y absolvieron a Julio De Vido

El Tribunal Oral Federal 5 dictó condenas contra José López, Abel Fatala y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender en la causa Sueños Compartidos, mientras absolvió al exministro Julio De Vido. El veredicto se conoció este lunes 14 de septiembre en Comodoro Py y cerró una instancia clave de uno de los expedientes más resonantes sobre el manejo de fondos públicos destinados a viviendas sociales.

Las penas quedaron por debajo de los tres años y, por lo tanto, son de cumplimiento condicional. López, exsecretario de Obras Públicas, y Fatala, exsubsecretario del área, recibieron 2 años y 9 meses de prisión e inhabilitación perpetua como coautores de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Sergio Schoklender fue condenado a 2 años y 8 meses, y Pablo Schoklender a 2 años y 4 meses como partícipes necesarios.

El tribunal también dispuso un decomiso superior a los 206 millones de pesos, monto vinculado con los fondos que se investigaron como desviados del programa. La lectura de fundamentos fue fijada para noviembre, instancia en la que se conocerá el razonamiento completo de los jueces y se abrirá el tramo de eventuales apelaciones.

El caso nació a partir de las irregularidades en la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que había recibido recursos estatales para construir viviendas a través del programa Sueños Compartidos. El proyecto, presentado en su momento como una política social de alto impacto territorial, terminó convertido en una causa penal por contrataciones, pagos, proveedores y obras que no avanzaron según lo previsto.

La absolución de De Vido marca una diferencia relevante dentro del expediente, porque la acusación había pedido condenas más altas para varios de los imputados. También fueron absueltos otros exfuncionarios y personas vinculadas al caso. Para las defensas, el juicio llegó atravesado por planteos de prescripción, nulidades y cuestionamientos al plazo razonable del proceso.

La dimensión política del fallo excede a los nombres propios. El expediente vuelve a poner en primer plano cómo se controlan los fondos destinados a políticas sociales, qué responsabilidades tienen los funcionarios que firman convenios y cómo se recupera dinero público cuando una obra prometida no llega a las familias que debía beneficiar. La sentencia no clausura todas las discusiones: todavía falta conocer los fundamentos y el recorrido que pueda tener el caso en instancias superiores.