Ley de Soberanía: el oficialismo consiguió dictamen tras modificar las sanciones por Malvinas

La Libertad Avanza reunió 60 firmas con aliados y apunta al recinto el 12 de noviembre. Hubo cambios en las sanciones a empresas y en los controles sobre seguridad nacional.

La Libertad Avanza consiguió este martes 27 de octubre un dictamen de mayoría para el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, después de introducir cambios en las sanciones vinculadas con actividades económicas en Malvinas y aceptar mayores controles parlamentarios. El despacho reunió 60 firmas en el plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal de Diputados.

El oficialismo apunta a debatirlo en el recinto el 12 de noviembre. Esa es la fecha que impulsa el Gobierno, no una ley aprobada ni una garantía de que el texto conserve su redacción actual. La firma del dictamen permite avanzar en el trámite, pero todavía faltan la discusión y la votación de la Cámara.

Qué cambió para reunir las firmas

El acuerdo llegó después de semanas de negociaciones con el PRO, la UCR y legisladores provincialistas. Algunos acompañamientos fueron en disidencia: respaldar el despacho no implica compartir todos sus artículos. También se presentaron dictámenes alternativos, por lo que la discusión llegará al recinto con posiciones diferentes.

Una parte central de los retoques respondió a las objeciones de Estados Unidos sobre el alcance que las sanciones podían tener para sus empresas. El nuevo texto delimita con más precisión las actividades y relaciones económicas alcanzadas por las prohibiciones, en vez de extenderlas de manera indiscriminada a cualquier vínculo indirecto.

Entre las precisiones figuran el suministro de bienes y servicios esenciales y excepciones para determinadas participaciones accionarias minoritarias de hasta el 2%, bajo las condiciones previstas en el proyecto. No supone habilitar toda actividad comercial en las islas: la discusión es sobre a quién se responsabiliza y qué participación debe tener en la operación cuestionada.

Malvinas, seguridad y control del Congreso

La iniciativa no se limita a endurecer sanciones por la explotación de recursos sin autorización argentina. También regula cuestiones de seguridad nacional y atribuciones del Ejecutivo. Esa amplitud explica por qué el debate excede el reclamo de soberanía sobre las islas y alcanza la distribución de poder entre las instituciones.

Los cambios incluyen una comisión bicameral de seguimiento, con cuatro diputados y cuatro senadores, y límites a la intervención del Consejo de Seguridad Nacional en asuntos de seguridad interior. El control parlamentario fue una de las exigencias planteadas durante las negociaciones.

Persisten, sin embargo, reparos sobre las disposiciones referidas a la injerencia extranjera y su posible impacto sobre la libertad de expresión. Aunque se corrigieron referencias del borrador original a campañas de desinformación, distintos bloques reclaman mayor precisión. No hay fundamento para presentar esas objeciones como completamente resueltas.

El antecedente inmediato son las reuniones en las que especialistas y legisladores discutieron tanto la defensa de los recursos naturales como los límites constitucionales de las nuevas facultades. Para ciudadanos, organizaciones y empresas, importa que las conductas sancionadas y los mecanismos de revisión queden definidos sin ambigüedades.

La negociación seguirá hasta la eventual sesión. El desafío del oficialismo será convertir las firmas del plenario en votos suficientes y sostener un acuerdo sobre artículos que todavía generan resistencias.