Créditos de carbono: el Senado dio media sanción al marco regulatorio

La iniciativa crea un registro nacional y reglas para comercializar reducciones de emisiones. El debate combina oportunidades para las provincias con exigencias de control ambiental.

El Senado aprobó el jueves 29 de octubre el proyecto que establece un marco regulatorio para los créditos de carbono y lo remitió a Diputados. La iniciativa busca dar reglas nacionales a la generación, el registro y la comercialización de reducciones o capturas de gases de efecto invernadero. Todavía no es ley ni pone en marcha por sí sola los beneficios previstos.

El texto reunió propuestas de Flavia Royón, los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, y Jorge Capitanich. Consiguió un respaldo amplio de bloques oficialistas y opositores. La convergencia tuvo un eje federal: cómo obtener financiamiento para iniciativas ambientales sin desplazar las atribuciones de las provincias sobre sus recursos naturales.

Qué se comercializa y qué busca ordenar el registro

Un crédito representa una cantidad verificada de emisiones reducidas o removidas, expresada en dióxido de carbono equivalente. Puede originarse, por ejemplo, en proyectos forestales o en otras actividades que acrediten un beneficio climático. No equivale a vender el territorio donde se desarrolla el emprendimiento.

La propuesta reconoce esos créditos como bienes inmateriales con valor propio, diferenciados del inmueble y del recurso natural que les da origen. También crea el Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe), pensado como una herramienta de identificación y seguimiento de proyectos y unidades comercializadas.

La trazabilidad resulta central para evitar que una misma reducción se contabilice dos veces. El articulado distingue las operaciones voluntarias de aquellas transferencias destinadas a metas climáticas de otros países o a mecanismos internacionales específicos. Estas últimas requieren intervención de la autoridad nacional y los ajustes contables correspondientes. No toda venta voluntaria queda sometida al mismo procedimiento.

Oportunidades provinciales y controles pendientes

Para Misiones, la discusión se conecta con programas de conservación de la selva y con la posibilidad de que propietarios y comunidades participen de actividades financiadas mediante estos instrumentos. Rojas Decut defendió durante el debate que la coordinación nacional respete la experiencia y las competencias provinciales. Royón sostuvo que contar con reglas permitiría acceder a mercados internacionales de mayor valor.

El proyecto también permite vincular créditos con instrumentos financieros. Cuando exista oferta pública, contempla la intervención de la Comisión Nacional de Valores. Esa conexión amplía las alternativas de financiamiento, pero vuelve especialmente relevante la calidad de la información que respalda los activos.

La promesa económica no elimina las objeciones ambientales. Organizaciones como FARN advirtieron sobre el riesgo de usar compensaciones sin reducir emisiones en su origen y sobre la necesidad de proteger a comunidades locales. Una captura atribuida a un bosque puede perderse por incendios o deforestación: certificar, controlar y mantener el beneficio climático es parte del problema, no un trámite accesorio.

La discusión continuará en Diputados. Allí deberá evaluarse si el esquema ofrece garantías suficientes para atraer recursos sin debilitar la protección ambiental. Los ingresos potenciales mencionados durante el debate son proyecciones, no exportaciones aseguradas ni dinero que las provincias ya hayan recibido.