Rosario: empieza el juicio por el bloqueo a Razzini y vuelve el debate sobre la protesta sindical

El proceso está previsto para este lunes y examinará hechos de 2020. La diputada Verónica Razzini declarará como testigo; las responsabilidades deberán establecerse en las audiencias.

El juicio por el bloqueo que sufrió la empresa Razzini en Rosario en 2020 comenzará este lunes 2 de noviembre. La apertura del proceso, anticipada este domingo, vuelve a colocar en discusión los límites de las medidas sindicales y la obligación de probar las responsabilidades individuales cuando un conflicto laboral llega al fuero penal.

El enjuiciamiento está previsto contra cuatro integrantes de Camioneros de Santa Fe por la acusación de desbaratamiento de empresa. La diputada nacional Verónica Razzini, integrante de la familia propietaria de la firma, será la primera testigo. El cronograma anunciado contempla audiencias hasta el jueves, ante un tribunal integrado por Gonzalo Fernández Bussy, Mariano Aliau y Paola Aguirre.

Los hechos se remontan a un conflicto de encuadramiento sindical que se extendió durante unos tres meses. La empresa denunció impedimentos para ingresar y retirar mercadería, además de amenazas. Esas denuncias forman parte del conflicto que deberá examinarse: no corresponde presentarlas como una condena anticipada de los acusados.

Una disputa que afectó a trabajadores, clientes y proveedores

El problema tuvo repercusión institucional ya en 2020. Una presentación del Concejo Municipal de Rosario describía la disputa entre Comercio, UOCRA y Camioneros por el personal de Razzini Materiales y Razzini Industrial. También recogía las denuncias empresarias por la interrupción de la distribución y el riesgo para la continuidad de las fuentes laborales.

Ese antecedente permite entender por qué la controversia excedió a los dueños del corralón: la circulación de materiales, el trabajo del personal y la actividad de clientes y proveedores quedaron alcanzados por el conflicto.

La diferencia entre una sanción laboral y una condena penal

Desde aquellos hechos cambió la legislación laboral. El artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificado por la Ley Bases de 2024, contempla que la participación activa en bloqueos o tomas pueda configurar una injuria grave y habilitar la extinción del vínculo laboral con causa.

La norma considera situaciones como impedir el ingreso o egreso de personas y bienes, afectar la libertad de quienes no adhieren a una medida u ocasionar daños. Regula consecuencias dentro de una relación de trabajo: no convierte automáticamente cualquier protesta en un delito ni sustituye la prueba que debe evaluarse en un juicio penal.

Ahora el foco estará en los testimonios y documentos que se incorporen a las audiencias. La apertura del debate no resuelve la acusación. Será el tribunal el que deba establecer qué hechos se acreditan y qué responsabilidad, si alguna, corresponde a cada persona juzgada.