El régimen penal juvenil abrió una pelea entre el Gobierno y la Justicia

La aplicación del nuevo régimen penal juvenil quedó en el centro de una pulseada política y judicial después de que distintos fallos declararan inconstitucional su uso en casos concretos. El Gobierno defendió la norma, cuestionó las decisiones judiciales y volvió a instalar la discusión sobre edad de imputabilidad, seguridad urbana y límites del control constitucional.

La Ley 27.801 entró en vigencia el 5 de septiembre y estableció un nuevo esquema de responsabilidad penal juvenil para adolescentes de entre 14 y 17 años frente a determinados delitos. La controversia se aceleró cuando una jueza porteña declaró la inconstitucionalidad del artículo central en una causa por robo y resolvió sobreseer al menor imputado en ese expediente.

La reacción oficial fue inmediata. Desde el área de Seguridad sostienen que la ley responde a una demanda social vinculada con delitos cometidos por adolescentes y que los fallos, aunque tengan efectos sobre casos particulares, afectan la señal política que el Gobierno quiere dar en materia penal.

Del otro lado, el eje jurídico pasa por la protección especial que la Constitución y los tratados internacionales reconocen a niños y adolescentes. Los tribunales pueden revisar la constitucionalidad de una norma al aplicarla a un expediente, pero esa potestad no elimina por sí sola la ley para todos los casos. Esa diferencia técnica quedó envuelta en una discusión pública mucho más amplia.

La Ciudad y la provincia de Buenos Aires también quedaron involucradas por el impacto territorial del conflicto. Funcionarios y legisladores analizan presentaciones contra magistradas, mientras organizaciones especializadas advierten que la respuesta penal no puede reemplazar políticas de prevención, educación, contención familiar y abordaje territorial.

El tema seguirá escalando si llegan nuevas apelaciones o si tribunales superiores deben revisar los fallos. Mientras tanto, el Gobierno buscará sostener el mensaje de mano dura y la Justicia quedará bajo presión por una ley que nació para ordenar un problema sensible, pero empezó su aplicación con choque institucional.