La reforma electoral se enfría y las PASO vuelven a trabar al oficialismo

La reforma electoral que impulsa el Gobierno volvió a encontrar un límite en el Congreso: la suspensión o eliminación de las PASO no reúne todavía un consenso sólido entre aliados, bloques provinciales y sectores de la oposición dialoguista. La Casa Rosada insiste en que las primarias son costosas y poco útiles, pero transformar ese diagnóstico en ley exige una mayoría que por ahora no aparece ordenada.

El debate tiene una carga política evidente. Para Milei, modificar las PASO sería una señal de autoridad sobre las reglas electorales y permitiría simplificar el calendario antes de la carrera de 2027. Para varios partidos, en cambio, las primarias siguen siendo una herramienta para resolver internas, contener coaliciones heterogéneas y evitar que las candidaturas queden sólo en manos de las cúpulas.

La discusión no es nueva. Desde su llegada al poder, el oficialismo buscó revisar el sistema electoral junto con otros cambios institucionales. En distintos momentos se habló de eliminar las primarias, suspenderlas o quitarles obligatoriedad. Cada alternativa implica efectos distintos: una suspensión ordena el calendario de un año concreto; una eliminación cambia el sistema de manera permanente; y una PASO no obligatoria reduce presión sobre el votante, pero puede dejar intacto buena parte del costo de organización.

El problema de fondo es que la reforma electoral necesita acuerdos amplios. El Gobierno puede tensar la negociación con gobernadores o bloques aliados, pero difícilmente pueda imponer una modificación de reglas sin pagar un costo institucional. Además, muchos actores calculan el impacto según su propia interna: lo que simplifica la estrategia de un espacio puede complicar la de otro.

En la práctica, las PASO funcionan como una mezcla de elección interna, encuesta nacional obligatoria y ordenador de alianzas. Esa combinación es justamente lo que las vuelve discutidas. Sus defensores remarcan que abren la competencia y dan previsibilidad; sus detractores sostienen que obligan a toda la ciudadanía a financiar y participar de internas partidarias que muchas veces llegan resueltas de antemano.

La pulseada queda atada al resto de la agenda de octubre. Presupuesto, DNU 70, acuerdos con gobernadores y reformas pendientes compiten por los mismos votos y por el mismo capital político. Si el oficialismo no logra ordenar prioridades, la reforma electoral puede quedar otra vez para más adelante, no por falta de discurso, sino por falta de número.