El Senado sancionó la ley de propiedad privada y restituyó los límites a la compra de tierras por extranjeros

Publicado: 20 / 11 /2026

La iniciativa obtuvo 42 votos a favor y 26 en contra. También modifica expropiaciones y desalojos; ahora debe pasar por la promulgación del Poder Ejecutivo.

El Senado dio sanción definitiva al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada durante la sesión del jueves 19 de noviembre, que se extendió hasta la madrugada del viernes. La votación terminó con 42 apoyos y 26 rechazos e incorporó una definición que había cambiado el rumbo del proyecto: la restitución de la Ley de Tierras Rurales, con sus restricciones a la titularidad extranjera.

El texto había sido enviado por el Poder Ejecutivo en marzo y aprobado inicialmente por la Cámara alta en agosto. Cuando lo trató Diputados, en octubre, recibió modificaciones. Por eso regresó al Senado, que debía resolver si aceptaba esos cambios para completar el trámite parlamentario. Ese paso quedó cerrado en la última sesión.

El límite que vuelve a la legislación rural

La decisión recupera la vigencia de la Ley 26.737, sancionada en 2011, que había sido derogada por el DNU 70/2023. La Cámara de Diputados incorporó dos artículos: uno elimina la disposición de ese decreto que había quitado la norma y el otro restablece expresamente el régimen de tierras.

El esquema fija un máximo del 15% de titularidad extranjera sobre tierras rurales en cada una de las escalas previstas por la ley: nacional, provincial y municipal. También contempla un tope por nacionalidad dentro de esa participación y un límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo, o su equivalente según la ubicación del inmueble. Son restricciones sobre tierras rurales, no una prohibición general para que una persona extranjera compre cualquier propiedad en el país.

La restitución marca una diferencia con la orientación del decreto de diciembre de 2023, que había removido esas barreras. El resultado legislativo combina, así, una reforma promovida por el Gobierno para reforzar la protección de la propiedad con la recuperación de límites que el propio Ejecutivo había eliminado.

Los cambios en vivienda y expropiaciones

La ley no se limita al suelo rural. También modifica reglas de expropiación, indemnización, regularización dominial y digitalización de registros de la propiedad. En materia de desalojos, agiliza el procedimiento y amplía las posibilidades de restitución anticipada de inmuebles mediante una decisión judicial.

Ese capítulo tiene consecuencias para propietarios e inquilinos: el tiempo de resolución de un conflicto y las condiciones para recuperar una vivienda pueden cambiar. La sanción no habilita a un particular a ejecutar un desalojo por su cuenta ni reemplaza la intervención del juez. Tampoco significa que todos los litigios existentes tengan una resolución automática.

El debate dejó expuestas dos prioridades: la protección del patrimonio y las dificultades de acceso al suelo y a la vivienda. La discusión sobre cómo equilibrarlas continuará en la aplicación concreta del nuevo régimen.

El trámite parlamentario terminó, pero resta la intervención del Poder Ejecutivo para la promulgación y publicación. Hasta completar esos pasos y revisar las disposiciones de vigencia, no corresponde presentar todos los cambios como reglas ya operativas para cualquier caso.