La privatización de AySA llegó a la Suprema Corte bonaerense

La pelea judicial por la privatización de AySA sumó un capítulo decisivo: la Suprema Corte bonaerense deberá intervenir en la discusión sobre qué fuero debe tratar la causa que cuestiona las condiciones del proceso. El expediente nació a partir de un planteo de la Defensoría del Pueblo bonaerense y pone bajo revisión un punto sensible para millones de usuarios del AMBA: qué obligaciones conservará la empresa mientras avanza su reestructuración.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata concedió un recurso extraordinario contra la decisión que había enviado el caso a la Justicia Federal. Ese paso no define todavía el fondo del conflicto, pero sí evita que la cuestión de competencia quede cerrada sin una revisión del máximo tribunal provincial. En términos prácticos, la Corte bonaerense deberá decir si el expediente puede seguir en el fuero provincial o si corresponde que lo tome la justicia federal.

El planteo original apunta a que el proceso de privatización no reduzca ni altere las obligaciones vinculadas con agua potable, salud pública, ambiente, obras e inversiones. La discusión no es abstracta: AySA presta servicio en la Ciudad de Buenos Aires y en municipios bonaerenses, con redes que arrastran problemas estructurales, demandas de expansión y pasivos ambientales acumulados durante años.

En junio, una cautelar había ordenado que la empresa se abstuviera de modificar, limitar o suspender sus compromisos operativos y de infraestructura. Luego, la Cámara mantuvo esa protección, aunque entendió que el expediente debía pasar a la órbita federal. La Defensoría objetó ese traslado porque considera que la controversia afecta derechos colectivos de usuarios bonaerenses y condiciones ambientales dentro de la Provincia.

El caso se inscribe en la agenda de privatizaciones que el Gobierno nacional viene empujando como parte de su programa de reducción del Estado y búsqueda de inversiones. AySA, por el tipo de servicio que presta, tiene una carga política especial: no se trata de una empresa cualquiera, sino de una prestadora vinculada al acceso al agua, la salubridad, la obra pública y la calidad ambiental en zonas densamente pobladas.

Para los usuarios, la pregunta central es si el cambio de control puede convivir con garantías claras de inversión, continuidad y expansión del servicio. Para el Gobierno, la privatización aparece como una vía para ordenar cuentas y atraer capital privado. Para la justicia bonaerense, ahora, el primer desafío será determinar quién tiene competencia para controlar ese proceso.

Hasta que la Corte provincial resuelva, el expediente queda en una zona de transición. Lo que se defina puede marcar no sólo el futuro de AySA, sino también el alcance del control judicial provincial sobre servicios públicos nacionales con impacto directo en territorio bonaerense.