La privatización de AySA queda bajo la lupa por la oferta final y nuevas denuncias

La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos quedó bajo una presión política creciente después de conocerse la oferta final por el 90% de las acciones y de que legisladores opositores pidieran explicaciones por el método de tasación. El proceso involucra a una empresa clave: AySA presta servicios de agua potable y cloacas a millones de usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

El consorcio mejor posicionado ofreció 340,2 millones de dólares por el paquete accionario estatal. La cifra quedó por debajo de las expectativas que circularon durante la preparación de la licitación y reabrió la pregunta sobre cuánto vale realmente una compañía que maneja infraestructura crítica, obras pendientes y una concesión de largo plazo.

El punto sensible: precio, controles y servicio

El Gobierno defiende la venta como parte de su programa de privatizaciones y sostiene que la empresa arrastra problemas de eficiencia, subsidios altos y falta de expansión suficiente. La oposición, en cambio, apunta a la transparencia del proceso: cuestiona que la licitación haya avanzado sin un precio base público y denuncia que los informes de valuación quedaron fuera del control ciudadano.

La discusión no es sólo contable. AySA abastece agua y cloacas en una región donde todavía existen zonas sin cobertura plena. Cualquier cambio de control debe responder cómo se financiarán las obras, qué pasará con las tarifas, qué metas de expansión tendrá el nuevo operador y qué herramientas conservará el Estado para controlar el servicio.

Un antecedente que pesa

La historia argentina con el agua privatizada vuelve inevitablemente al debate. La empresa actual nació después de la rescisión del contrato con Aguas Argentinas, que había operado el servicio desde los años noventa. Aquella salida terminó con reclamos internacionales y con una reestatización que el kirchnerismo presentó como recuperación de una prestación esencial.

Dos décadas después, el país vuelve a discutir un esquema privado. La diferencia es que ahora el proceso ocurre en un contexto de ajuste fiscal, búsqueda de dólares y reducción del peso del Estado empresario. Esa combinación acelera decisiones, pero también eleva la exigencia de control público.

Qué mirar ahora

El paso administrativo siguiente será completar la adjudicación y formalizar las condiciones del contrato. Allí deberán quedar claras las obligaciones de inversión, los plazos de cobertura, la estructura tarifaria y las sanciones ante incumplimientos.

Para los usuarios, la pregunta central es concreta: si la privatización mejora el servicio sin transformar el agua y las cloacas en una carga impagable. Para la política, el caso AySA será una prueba mayor del plan privatizador de Milei y de la capacidad del Congreso para fiscalizar activos públicos estratégicos.