Presupuesto 2027: Milei acelera la negociación con gobernadores antes de mandar la ley al Congreso

El Gobierno aceleró la hoja de ruta para el Presupuesto 2027 y busca llegar al 15 de septiembre con una negociación más ordenada con los gobernadores antes de enviar la ley al Congreso. La apuesta de la Casa Rosada es que el proyecto entre con el equilibrio fiscal como eje político y con un margen mínimo de acuerdo sobre fondos, obra pública y prioridades provinciales.

La cuenta regresiva ya empezó porque el proyecto debe ingresar antes de la fecha límite legal. En paralelo, el oficialismo intenta que la discusión presupuestaria no quede atrapada por la pelea del día a día en el Congreso. Por eso, la estrategia pasa por ordenar una conversación con las provincias que permita evitar un arranque traumático y sumar apoyos en un escenario parlamentario todavía inestable.

La negociación que viene

En la lectura oficial, el Presupuesto 2027 será más que una planilla de ingresos y gastos. Funcionará como la primera gran negociación del segundo semestre con los gobernadores, que ya vienen reclamando más previsibilidad en obra pública, transferencias y recursos para sostener sus propias cuentas. El Gobierno, a su vez, quiere preservar la señal de ajuste y no abrir la puerta a un texto que desordene su ancla fiscal.

Por eso, los intercambios políticos ya se aceleraron. El objetivo no es sólo conseguir votos para la aprobación final, sino también evitar que la discusión arranque con una pulseada abierta entre la Casa Rosada y las provincias. En los despachos oficiales admiten que habrá concesiones puntuales, pero no un giro que altere el corazón del programa económico.

Por qué importa

El Presupuesto es siempre una pieza de poder, pero en este caso pesa todavía más porque llega después de semanas en las que el Congreso marcó el ritmo de la agenda. Si el Gobierno logra ordenar esta negociación, tendrá una base más sólida para el resto del calendario legislativo. Si no, volverá a quedar expuesto a una dinámica de mayorías frágiles y a una relación con los gobernadores que se mueve entre la cooperación y la presión.

La discusión recién empieza, pero ya dejó una señal clara: la Casa Rosada quiere que el debate de la “ley de leyes” se convierta en una prueba de gobernabilidad y no en otro frente abierto. El resultado de esa pulseada va a influir en todo lo que venga después, desde la negociación con bloques dialoguistas hasta la forma en que el oficialismo administre el resto de su agenda parlamentaria.