La pobreza volvió a subir y le abrió al Gobierno otro frente político

La pobreza volvió a subir en la Argentina y dejó al Gobierno frente a un dato social incómodo en pleno debate por el Presupuesto 2027. El INDEC informó que en el primer semestre de 2026 el 32,3% de las personas estuvo por debajo de la línea de pobreza y que la indigencia alcanzó al 7,5% en los principales centros urbanos.

La cifra implica un aumento de 4,1 puntos frente al segundo semestre de 2025, cuando la pobreza había sido de 28,2%. Proyectado al total de la población, el registro equivale a más de 15 millones de personas pobres y a alrededor de 3,5 millones en situación de indigencia. El dato corta la dinámica de baja que el oficialismo venía mostrando como uno de los principales respaldos sociales de su programa económico.

El Gobierno buscó amortiguar el golpe con una comparación más amplia. Luis Caputo remarcó que los niveles actuales siguen por debajo de los del primer semestre de 2024, cuando el impacto inicial de la devaluación y el salto inflacionario habían llevado la pobreza a niveles mucho más altos. Esa lectura apunta a sostener la idea de que el rumbo general permitió reducir el deterioro heredado, aunque reconoce que hubo un retroceso respecto de la medición previa.

La explicación técnica está en la relación entre ingresos y canastas. Durante la primera mitad del año, los ingresos familiares crecieron menos que el costo de la canasta básica total y de la canasta alimentaria. Cuando esa diferencia se acumula, hogares que estaban apenas por encima de la línea de pobreza vuelven a caer por debajo, aun cuando la inflación general muestre una desaceleración frente a los picos de años anteriores.

El impacto político es directo porque el dato se conoce mientras el Congreso discute el Presupuesto 2027 y mientras crecen las tensiones por discapacidad, universidades, asistencia social y transferencias a provincias. Para la oposición, la suba de la pobreza ofrece un argumento contra la narrativa oficial de recuperación. Para la Casa Rosada, el desafío es demostrar que la mejora prometida puede llegar al bolsillo antes de que el clima electoral endurezca todas las negociaciones.

El informe también obliga a mirar la calidad del empleo y la capacidad de compra de los hogares. La pobreza por ingresos no mide todas las dimensiones de la vida cotidiana, pero muestra si una familia puede cubrir bienes y servicios básicos con lo que gana. Por eso, aunque el Gobierno destaque la baja interanual respecto de los peores momentos de la crisis, el aumento semestral tiene consecuencias concretas sobre consumo, endeudamiento familiar y demanda de asistencia.

Lo que queda abierto es si el segundo semestre mostrará una recuperación de ingresos suficiente para revertir la suba. El oficialismo apuesta a que la desaceleración inflacionaria y la actividad económica mejoren el indicador hacia fin de año. La advertencia del dato oficial, sin embargo, ya quedó planteada: la estabilización macroeconómica necesita traducirse en alivio social para no convertirse en una discusión sólo estadística.