La oposición prepara una sesión para frenar el DNU que habilitó la venta de tierras a extranjeros

La oposición empezó a reunir apoyos para forzar una sesión especial en Diputados contra el artículo del DNU 70/23 que eliminó los límites a la venta de tierras rurales a extranjeros. La movida tomó fuerza después de que la Corte Suprema revocara un fallo de la Cámara Federal de La Plata y dejara nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras.

El fallo no cerró la discusión política; la trasladó al Congreso. Legisladores del peronismo, la Coalición Cívica, la izquierda y espacios provinciales evalúan pedir una sesión para declarar inválida la parte del decreto que quitó las restricciones. El antecedente inmediato pesa: el Senado ya había rechazado ese capítulo en 2024, pero el trámite legislativo no terminó de resolver el alcance completo del megadecreto.

La Ley 26.737, sancionada en 2011, fijaba topes a la titularidad extranjera sobre tierras rurales y establecía controles sobre superficies estratégicas, zonas de frontera y recursos sensibles. Para sus defensores, era una herramienta de resguardo territorial. Para el Gobierno, en cambio, las restricciones frenaban inversiones y agregaban trabas a operaciones productivas.

El DNU 70/23 fue una de las primeras grandes decisiones de Milei al llegar a la Casa Rosada. Su amplitud convirtió cada capítulo en una disputa propia: alquileres, sociedades, comercio, trabajo, tierras. En el caso rural, la judicialización mantuvo paralizado durante casi dos años el artículo que ahora volvió a tener efecto por decisión de la Corte.

La tensión aparece en un momento incómodo para el oficialismo. Mientras intenta instalar una agenda de soberanía por Malvinas, sus críticos señalan que la eliminación de límites a la extranjerización de tierras contradice ese discurso. En la Casa Rosada responden que la soberanía también requiere atraer capital, desarrollar recursos y dar previsibilidad jurídica.

El impacto ciudadano no es inmediato como una tarifa o un salario, pero sí profundo: define quién puede comprar grandes extensiones, bajo qué controles y con qué intervención estatal. También puede afectar a provincias con recursos naturales, zonas de frontera, áreas de producción agropecuaria y territorios con sensibilidad ambiental.

La clave será si la oposición consigue número para abrir el recinto y votar. Si lo logra, el Gobierno enfrentará otra prueba parlamentaria sobre un decreto que ya acumula cuestionamientos judiciales y políticos. Si no lo consigue, el cambio quedará vigente y el debate seguirá abierto entre la promesa oficial de inversiones y la advertencia opositora sobre el control del territorio.