Milei oficializó los decretos por Malvinas y endureció el control sobre las petroleras

El Gobierno oficializó este viernes los decretos 867 y 868, con los que empezó a bajar a tierra los anuncios de la cadena nacional sobre Malvinas. La medida combina más fondos para Defensa con un régimen administrativo más rápido para sancionar a quienes participen de actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en las islas y en los espacios marítimos asociados.

El decreto 867 modifica el presupuesto 2026 y habilita una reasignación de partidas para reforzar el Ministerio de Defensa y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. La Casa Rosada buscó presentarlo como una decisión estratégica para modernizar equipamiento y sostener capacidades militares, en línea con la idea de convertir a Tierra del Fuego en un polo logístico del Atlántico Sur.

Qué cambió con el decreto 868

La segunda norma, el decreto 868, designa a la Cancillería como autoridad de aplicación de la ley 26.659, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina. El punto central no es crear sanciones nuevas, sino ordenar un procedimiento más veloz para detectar infracciones, tomar descargos y resolver eventuales castigos contra empresas, accionistas, directores o proveedores vinculados con proyectos no autorizados.

El texto también ata el tema Malvinas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Toda empresa que quiera entrar al RIGI deberá declarar que no participa ni participará de actividades hidrocarburíferas ilícitas en las zonas cercanas a las islas. Antes de resolver la adhesión, deberá intervenir la autoridad de aplicación de la ley 26.659 para verificar si la firma o sus socios quedaron alcanzados por las prohibiciones.

Por qué importa

La jugada del Gobierno tiene una dimensión diplomática y otra económica. En el plano externo, intenta mostrar que el reclamo por Malvinas no queda en un discurso sino que se traduce en herramientas concretas de control. En el plano interno, conecta la cuestión soberana con el sistema de incentivos a grandes inversiones, un terreno donde la administración Milei quiere dar señales de firmeza sin resignar su agenda de atracción de capitales.

La referencia de fondo sigue siendo el proyecto Sea Lion y el avance de actividades petroleras en la zona. Milei ya había advertido que la Argentina no permitiría una explotación sin consecuencias y ahora esa advertencia quedó plasmada en normas administrativas. La discusión de fondo, sin embargo, sigue abierta: cuánto efecto real tendrán estas medidas sobre empresas y gobiernos extranjeros, y cuánto servirá el paquete para sostener una presión política que el oficialismo quiere capitalizar dentro y fuera del Congreso.