El Gobierno sumó la ludopatía a la agenda sanitaria y cambió las funciones de Salud

El Gobierno incorporó de manera explícita la ludopatía a las responsabilidades del Ministerio de Salud y reordenó varias competencias de la administración nacional sobre alimentos y productos sanitarios. La decisión quedó establecida en el DNU 771/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

La norma amplía el alcance de la cartera sanitaria para que intervenga en la prevención, la concientización, la capacitación, la investigación y el abordaje integral de la ludopatía vinculada con los juegos de azar y las apuestas. También mantiene en Salud el tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas, ahora dentro de un mismo paraguas conceptual de políticas públicas sanitarias.

El texto oficial justifica el cambio con datos del Observatorio Argentino de Drogas y con la expansión de las apuestas digitales entre adolescentes. El diagnóstico oficial sostiene que la conducta de juego problemático comparte con otros consumos la necesidad de detección temprana, asistencia y rehabilitación, por lo que el Estado debe intervenir desde la salud pública y no sólo desde el control comercial.

Además, el DNU vuelve a repartir funciones entre Salud y Economía en la fiscalización sanitaria de alimentos, medicamentos, productos biológicos, cosméticos y otros insumos de uso cotidiano. El objetivo declarado es evitar superposiciones administrativas y ordenar la cadena de control, desde la producción hasta la comercialización.

La medida no resuelve por sí sola el problema de fondo, pero fija una base institucional más clara para campañas, programas de atención y posibles normas posteriores. En un país donde el juego online creció con rapidez y donde el endeudamiento familiar volvió a la discusión pública, la incorporación de la ludopatía a la agenda sanitaria busca darle al tema un encuadre oficial más fuerte.

La discusión ahora pasa por cómo se traducirá esta redefinición de competencias en medidas concretas: campañas en escuelas, dispositivos de atención, coordinación con provincias y, eventualmente, nuevas reglas para el ecosistema de apuestas. Por lo pronto, el Gobierno ya dejó asentado que la cuestión no será tratada como un asunto menor o exclusivamente regulatorio.