Lorenzetti reclamó completar la Corte y evitó alimentar una candidatura presidencial

Ricardo Lorenzetti volvió a intervenir en la agenda pública con definiciones sobre tres temas sensibles: la condena firme a Cristina Fernández de Kirchner, la baja de la edad de imputabilidad y la necesidad de completar la Corte Suprema. El juez también buscó enfriar los rumores que lo ubican como posible candidato presidencial.

La aparición tiene peso institucional porque la Corte funciona con una integración reducida y bajo presión política permanente. Tras años de vacantes, postulaciones fallidas y disputas por el perfil de los nuevos miembros, el máximo tribunal sigue tomando decisiones de alto impacto con una composición incompleta. Lorenzetti insistió en que el cuerpo debe ser completado para mejorar su funcionamiento y dar previsibilidad.

Sobre la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, el magistrado defendió el camino procesal que terminó con la confirmación de la pena. Ese expediente tuvo consecuencias políticas directas: dejó a la expresidenta fuera de la posibilidad de competir por cargos electivos y profundizó la tensión entre el kirchnerismo y el Poder Judicial. Para sus defensores, el fallo tuvo motivaciones políticas; para quienes respaldan la sentencia, se trató de una decisión judicial fundada en instancias sucesivas.

El juez también habló del debate por la edad de imputabilidad, reactivado por fallos y reformas que pusieron en discusión cómo debe responder el Estado frente a delitos cometidos por adolescentes. La cuestión divide aguas entre quienes reclaman herramientas penales más duras y quienes advierten que bajar edades sin políticas sociales, educativas y de reinserción puede agravar el problema. La discusión no es sólo jurídica: involucra seguridad, infancia, cárceles, responsabilidad estatal y reclamos de víctimas.

La mención a una eventual candidatura presidencial agregó ruido político. Lorenzetti evitó alimentar esa posibilidad, pero el solo hecho de que un juez de la Corte aparezca en ese tipo de especulaciones muestra hasta qué punto la frontera entre justicia y política se volvió porosa en la conversación pública argentina. En un sistema institucional sano, los jueces hablan principalmente a través de sus sentencias; cuando sus nombres entran en encuestas o armados, la discusión se vuelve más delicada.

El trasfondo es una Corte bajo observación. El tribunal debe resolver causas que inciden sobre poder político, economía, derechos sociales y federalismo. Completar sus vacantes no resolverá por sí solo la desconfianza, pero puede ordenar una parte del funcionamiento institucional. La pregunta que queda abierta es si el sistema político podrá acordar nombres con legitimidad suficiente o si el máximo tribunal seguirá operando en modo provisorio.