Sobreseyeron a Javier y Karina Milei en la causa $LIBRA

Martínez de Giorgi hizo lugar al pedido del fiscal Taiano y desvinculó a los once investigados. Los inversores apartados como querellantes reclaman volver al expediente.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó este viernes 23 de octubre al presidente Javier Milei, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a los demás investigados por el lanzamiento y la promoción de la criptomoneda $LIBRA. La decisión respondió a un pedido del fiscal Eduardo Taiano y se tomó sin que los imputados hubieran sido citados a declaración indagatoria.

El magistrado consideró que los hechos examinados no reunían los requisitos para configurar los delitos investigados. La resolución también favoreció a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Davis, Julian Peh, María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.

El argumento para cerrar la investigación

El razonamiento central del fallo distingue las pérdidas económicas de los compradores de la prueba de una estafa. Para el juez, la difusión presidencial, el aumento del precio y el desplome posterior no demostraron por sí solos un engaño concreto que hubiera determinado las compras. Tampoco consideró acreditados los otros delitos atribuidos a los funcionarios.

La resolución tomó en cuenta informes oficiales sobre la falta de actuaciones administrativas vinculadas al criptoactivo y la evaluación de la Oficina Anticorrupción, que había encuadrado el mensaje presidencial como una publicación personal. Esa fue la valoración recogida por el juzgado, no una conclusión sobre la conveniencia política de promover una inversión especulativa.

Respecto de Karina Milei, se analizaron autorizaciones de ingreso de empresarios a la Casa Rosada y documentación recuperada de dispositivos electrónicos. El juez entendió que esos elementos no acreditaban una intermediación remunerada ni un acuerdo ilícito. Los contactos y las referencias al Gobierno fueron examinados, pero no considerados suficientes para sostener la imputación.

Del posteo presidencial al reclamo de los inversores

El caso se remonta al 14 de febrero de 2025, cuando Milei difundió en X una iniciativa presentada como un proyecto privado para financiar emprendimientos argentinos. El mensaje incluía la dirección del activo digital. Su cotización subió con rapidez y cayó horas después, mientras compradores denunciaban pérdidas y se abrían investigaciones sobre el destino de los fondos.

La controversia también llegó al Congreso, que creó una comisión especial investigadora. Ese recorrido explica el impacto institucional de la decisión: el expediente no se limitó a una discusión entre operadores de criptomonedas, sino que examinó el papel del Presidente y los vínculos de promotores privados con dependencias oficiales.

Antes del sobreseimiento, los inversores que participaban como querellantes habían sido apartados por la Cámara Federal. Esa exclusión dejó al expediente sin una acusación autónoma que sostuviera su continuidad frente al pedido fiscal de cierre. Los afectados presentaron recursos ante Casación para intentar recuperar su intervención.

El juzgado dispuso el archivo, pero el reclamo sobre la participación de las víctimas mantiene una controversia procesal. Por eso, no corresponde confundir la decisión conocida este viernes con una reparación de las pérdidas denunciadas ni presentar como resuelta la discusión sobre el acceso de los inversores a la causa.