Ley de Soberanía: el Gobierno retoca el capítulo electoral antes del debate en Diputados
Publicado: 18 / 11 /2026El nuevo borrador acota las sanciones por injerencia extranjera, pero persisten reparos de aliados y organizaciones de derechos humanos. El apartado electoral necesita 129 votos afirmativos.
El Gobierno introdujo nuevos cambios en el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional antes de la sesión de Diputados convocada para este miércoles 18 de noviembre. La revisión busca destrabar los artículos sobre injerencia extranjera, el punto que mantiene diferencias con bloques aliados y que puede definir cuánto del texto consigue avanzar hacia el Senado.
La iniciativa, conocida como Ley Malvinas, nació con el objetivo de reforzar las sanciones contra la explotación de recursos naturales sin autorización argentina. Sin embargo, también modifica reglas de defensa, inteligencia, inversiones extranjeras y financiamiento político. Esa ampliación explica por qué el acuerdo sobre la protección de los recursos no se traduce automáticamente en respaldo a todo el proyecto.
El título VII concentra la discusión. Al modificar materia electoral, requiere 129 votos afirmativos: no alcanza con reunir más apoyos que rechazos entre quienes estén presentes. La aprobación general y la votación de cada apartado son instancias diferentes; el oficialismo todavía debe cerrar acuerdos para evitar que ese capítulo quede afuera.
Qué cambia en el último borrador
La nueva redacción elimina la referencia al sabotaje y la fórmula que aludía a afectar la libre formación de la voluntad política de la población. También precisa que el autor debe conocer la naturaleza de la campaña de injerencia y actuar con esa finalidad. Quienes se limiten a compartir contenidos o expresar adhesiones sin recibir instrucciones ni financiamiento extranjero quedarían fuera de esa figura penal.
Otro ajuste reemplaza el nombre de Consejo de Seguridad Nacional por Consejo de Asuntos Estratégicos. El Ministerio de Seguridad deja de integrarlo como miembro permanente y podría ser convocado para asuntos específicos. El cambio de denominación no cierra, por sí solo, el debate sobre las atribuciones que concentraría el organismo.
Las objeciones no se limitan a los partidos opositores. El Centro de Estudios Legales y Sociales cuestiona la amplitud de los conceptos usados y advierte sobre posibles efectos en la protesta y la libertad de expresión. Son advertencias sobre el alcance del proyecto, no restricciones que ya estén vigentes.
Un debate que excede a las islas
El dictamen fue acordado a fines de octubre tras el paso por las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores. María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica, tuvo un papel central en la defensa de la propuesta del Ejecutivo. Desde entonces continuaron las negociaciones sobre un articulado que llega al recinto con nuevas versiones.
Para organizaciones que reciben aportes del exterior, empresas con inversiones en sectores sensibles y ciudadanos que participan del debate público, la precisión de las definiciones importa tanto como el objetivo declarado de proteger la soberanía. La discusión es qué conductas quedarían alcanzadas y con qué controles.
La sesión está convocada para las 12. Al cierre de esta nota, no se había verificado una votación definitiva del proyecto. Si Diputados lo aprueba, todavía deberá intervenir el Senado: las modificaciones negociadas no constituyen una ley vigente.
