La Rioja pidió ser querellante por el presunto desvío de fondos viales y sube la presión sobre Milei

La Rioja pidió ser aceptada como querellante en la causa federal que investiga el presunto desvío de más de $1 billón del Sistema Vial Integrado. La presentación apunta contra el manejo de fondos que, según la denuncia, debían financiar obras y mantenimiento de rutas, pero habrían sido colocados en instrumentos financieros.

La movida judicial abre un nuevo frente para el Gobierno nacional en un tema que toca de lleno a las provincias: el estado de las rutas, la paralización de obras y la discusión por los recursos viales que dependen de la administración central. En La Rioja entienden que el perjuicio no es abstracto. La falta de inversión se traduce en caminos más deteriorados, obras frenadas y mayores costos logísticos para productores, transportistas y familias que dependen de esas trazas para moverse.

Qué investiga la Justicia

El expediente ya tenía una denuncia previa y ahora la provincia busca participar formalmente del caso para empujar la investigación. En el centro de la controversia aparece el destino de fondos específicos que, por su naturaleza, deberían tener una trazabilidad clara. La sospecha, en cambio, es que parte de ese dinero no fue utilizado para la infraestructura vial y terminó en colocaciones financieras.

El reclamo se inscribe en una pulseada más amplia entre Javier Milei y los gobernadores por el financiamiento de las obras públicas. Mientras la Casa Rosada insiste con el ajuste y con la reconfiguración de la red vial mediante concesiones privadas, varias provincias reclaman por rutas nacionales con mantenimiento insuficiente y proyectos paralizados. La Rioja se convirtió ahora en una de las más activas en llevar esa pelea a la Justicia.

El gesto político de Ricardo Quintela también busca dejar asentado que la provincia se considera afectada directa por la decisión nacional. No sólo por el deterioro de la infraestructura, sino por el costo económico y social que implica frenar obras en una jurisdicción donde los corredores viales son clave para la producción y la conectividad.

En ese contexto, la querella no sólo agrega volumen judicial al caso: también profundiza la discusión política sobre quién paga el ajuste en las rutas y cuánto margen real tienen las provincias cuando Nación redefine prioridades.