La querella busca averiguar quién está ‘por arriba’ de Carrizo en el plan de magnicidio

La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo una presentación judicial con el objetivo de que se investigue quién está por arriba del detenido Nicolás Gabriel Carrizo en el plan que desembocó en el intento de magnicidio perpetrado el pasado 1° de septiembre, informaron fuentes judiciales.

El equipo de abogados que representa a la Vicepresidenta aportó un dato sensible al expediente vinculado con un posible nexo de Carrizo y solicitó que sea investigado en un legajo reservado, según pudo saber Télam de fuentes de la investigación.

Carrizo es el cuarto detenido por el ataque: de su celular surgieron conversaciones en las que se hablaba de matar a la expresidenta con otra de las imputadas, Brenda Uliarte, que a su vez es pareja de Fernando Sabag Montiel, el hombre que intentó concretar el asesinato.

“Gaby”, como le decían en las conversaciones de whatsapp analizadas por la justicia, se hizo conocido el 2 de septiembre cuando protagonizó una entrevista con el noticiero de Telefe en la que se presentó para acompañar a Uliarte, y a un grupo de supuestos vendedores de copos de nieve.

Dos días más tarde, Uliarte fue detenida y Carrizo junto al resto de los entrevistados por Telefé se presentaron ante la justicia para ofrecer una declaración testimonial y entregar de modo voluntarios sus teléfonos celulares.

El miércoles de la semana pasada Carrizo fue detenido por orden de la jueza María Eugenia Capuchetti luego de que en su celular se encontraran conversaciones anteriores al ataque fallido en las que ya hablaba sobre la idea de matar a la Vicepresidenta y otras posteriores vinculadas con la voluntad de ocultar material probatorio; incluso hablaba de una pistola que él supuestamente les había dado a los agresores y que no se utilizó para el ataque.

“Estuvo muy cerca, falló el arma, no lo entiendo, andaba bien”, se lamentó el acusado en un intercambio de mensaje que tuvo con una persona de su confianza identificada entre sus contactos telefónicos como “Andrea”, según pudo reconstruir Télam de fuentes con acceso a la investigación.

Cuando le preguntaron por esa y otras conversaciones de tono similar, en el marco de su indagatoria, Carrizo respondió: “Yo se lo juro por dios, yo lo que quería hacerles creer a Andrea y a mi hermanastro era que esto era un plan, con fines de joder, hacer show, no era en serio, no existe esa arma no hay nada. Investiguen, fíjense, yo nunca estuve cerca ni de la casa de Cristina. Vine acá con los celulares, yo no tuve nada que ver”.

Del análisis de sus comunicaciones surge que en los primeros diálogos que mantiene posteriores al hecho ocurrido el 1° de septiembre a cerca de las 21 en el cruce de las calles Juncal y Uruguay hablaba en un tono que no parecía ser de “broma”, como le dijo a los investigadores.

Con el paso de las horas, sin embargo, el tono de sus charlas si habría comenzado a cambiar y, a la vez que avisaba a sus contacto y a la propia Uliarte que seguramente ya los estuvieran investigando, buscaba parecer que tomaba el tema con menos seriedad, según pudo reconstruir esta agencia.

Por otra parte, la jueza Capuchetti rechazó hoy el planteo presentado por el abogado defensor de Carrizo, Gastón Marano, para que se decretara la nulidad de la prueba obtenida en su celular porque lo había aportado de manera voluntaria y en calidad de testigo.

Fue un planteo que la defensa de Carrizo hizo antes de su indagatoria y al que rápidamente se opuso el fiscal Carlos Rívolo con el siguiente argumento: “Había razones para requisar el celular, ya que las conversaciones de Carrizo con Uliarte y los grupos de WhatsApp que compartía con Sabag Montiel eran de investigación para la pesquisa”.

“Si Carrizo se hubiera negado a aportar su teléfono celular, la jueza podría haber ordenado el secuestro y posterior peritaje, incluso siendo Carrizo un testigo y no un imputado (como lo era hasta aquel momento)”, había explicado el fiscal en el dictamen al que accedió Télam.

La situación de Agustina Díaz

En tanto, la también detenida Agustina Díaz amplió hoy su declaración indagatoria ante Capuchetti para aclarar que no estuvo en las inmediaciones de la casa de la Vicepresidenta y ratificó que solo la unía una relación de amistad con Uliarte.

El abogado de Díaz, Javier Molina Díaz, informó luego de la indagatoria que “la geoposición de ella (determinada por su celular) deja en claro que el 1° de septiembre ella no estuvo en cercanías de Juncal y Uruguay (vivienda de la vicepresidenta), el 31 de agosto tampoco y que durante todo el transcurso del mes de agosto tampoco lo ha estado”.

“Queda absolutamente claro que las imágenes que estaban siendo transmitidas por los medios, en este caso la TV Pública y C5N, fueron incorrectas en cuanto a que fuese ella la persona que se encontraba en los derredores de la casa de Cristina Kirchner”, dijo el letrado.

Además de la aclaración de que no era ella la que se veía en el video difundido por televisión, el abogado aceptó que su defendida también habló de la relación de “amistad” que la vinculaba a Uliarte y del carácter “fantasioso” de Brenda.

Molina Díaz volvió a negar que su clienta forme parte de organización alguna y anticipó que en el transcurso de la semana presentará un pedido de “falta de mérito” para que se la desvincule del expediente judicial.

“A la brevedad estamos presentando la falta de mérito porque entendemos que no hay mérito suficiente, es decir no hay prueba, que sostenga que ella permanezca detenida”, aseguró el penalista.

“Mandé a matar a Cristina; no salió porque se metió para adentro”, dice uno de los mensajes que Uliarte le mandó a Díaz el 27 de agosto, según consta en el expediente.

Díaz sigue detenida, luego de que Capuchetti le negara el jueves pasado la excarcelación en base a los mensajes que intercambió con Uliarte, pero su defensa apeló la negativa a darle la libertad ante la Cámara Federal, que deberá definir en los próximos días si continua presa o no.

La apelación de la defensa recayó en la sala I de la Cámara, integrada por los magistrados Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.