AySA: la Justicia suma otro freno a la privatizacion y obliga al Gobierno a recalcular su plan

La privatizacion de AySA volvio a encontrar un limite judicial y el Gobierno quedo obligado a recalcular uno de los capitulos mas sensibles de su programa de venta de empresas publicas.

La medida no es un detalle administrativo. AySA presta el servicio de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y buena parte del conurbano, una zona donde millones de usuarios dependen todos los dias de una red que combina infraestructura antigua, obras pendientes y controles ambientales permanentes.

Que esta en juego

• El proceso de privatizacion quedo bajo revision judicial por planteos vinculados con informacion, control y resguardo del servicio.
• El Gobierno necesita demostrar que la venta no compromete calidad, inversiones ni obligaciones ambientales.
• La empresa administra plantas, redes y obras claves para el abastecimiento de agua y saneamiento del AMBA.
• La decision agrega presion sobre el plan oficial de desinversion estatal.

Desde el inicio de la gestion, la Casa Rosada sostuvo que las privatizaciones permitirian reducir el peso del Estado y atraer capital privado. Pero el caso AySA tiene una particularidad: no se trata de una empresa cualquiera, sino de un servicio esencial. El agua no puede interrumpirse, no tiene sustituto real para los usuarios y exige inversiones de largo plazo que muchas veces no se recuperan con la velocidad que busca un operador privado.

La discusion tambien tiene una historia argentina detras. El pais ya atraveso privatizaciones de servicios publicos en los anos noventa y posteriores reestatizaciones cuando aparecieron problemas de cobertura, tarifas, inversion o control. Ese antecedente pesa en cada debate actual, sobre todo cuando el servicio involucra salud publica, ambiente y acceso basico en barrios con realidades muy diferentes.

Para los usuarios del AMBA, el punto concreto es simple: que cualquier cambio de control garantice agua segura, cloacas, mantenimiento y obras. En zonas vulnerables, una postergacion en redes o saneamiento se paga con problemas sanitarios y ambientales. En zonas ya conectadas, la preocupacion pasa por tarifas, calidad del servicio y respuesta ante cortes o fallas.

El proximo paso

El Gobierno puede apelar, aportar nueva informacion o redisenar el proceso para sortear el obstaculo. Lo que no parece posible es avanzar como si la advertencia judicial no existiera. La imagen de la planta potabilizadora ayuda a dimensionar el tema: atras de la pelea politica hay infraestructura critica que funciona todos los dias y que no admite improvisaciones.