Justicia de Menores: el Senado aprobo el traspaso a la Ciudad

El Senado aprobo los convenios para transferir a la Ciudad de Buenos Aires competencias de la Justicia nacional en materia penal y correccional de menores, un paso institucional que reabre una discusion de larga data sobre la autonomia porteña, el financiamiento judicial y el reparto de responsabilidades entre la Nacion y CABA.

La votacion reunio 44 apoyos y 21 rechazos. El oficialismo y bloques aliados defendieron la medida como parte del mandato pendiente desde la reforma constitucional de 1994, que reconocio a la Ciudad un regimen autonomo. La oposicion peronista y bancas provinciales cuestionaron, en cambio, las asimetrias fiscales que puede generar un nuevo traspaso si no queda claro como se financiaran las estructuras, el personal y los servicios asociados.

El acuerdo contempla que la Ciudad asuma la investigacion y el juzgamiento de delitos no federales cometidos por adolescentes desde los 14 años y hasta antes de cumplir 18. Tambien alcanza a adultos imputados junto con menores por los mismos hechos o por hechos conexos, para evitar causas partidas entre jurisdicciones distintas. Para menores de 14 años se prevén intervenciones judiciales de proteccion, no de sancion penal.

La transferencia no sera inmediata. El texto todavia debe avanzar en la Camara de Diputados y luego completar el tramite correspondiente en la Legislatura porteña. Ademas, la entrada en vigencia quedara atada a un acuerdo especifico sobre recursos, un punto central porque el traspaso de competencias judiciales suele implicar edificios, cargos, presupuesto, sistemas informaticos y organizacion administrativa.

El debate tiene antecedentes. Desde hace años, la Nacion y la Ciudad vienen firmando convenios para pasar funciones de seguridad y justicia al ambito porteño. El argumento favorable sostiene que CABA debe ejercer las mismas responsabilidades ordinarias que una provincia y que el resto del pais no deberia financiar juzgados que intervienen solo en conflictos locales de la capital. La objecion opositora responde que la Ciudad parte de una situacion fiscal mas favorable y que cada transferencia debe revisarse con criterios federales.

Si el proceso se completa, el cambio impactara en causas sensibles vinculadas con adolescentes, delitos no federales y competencias penales ordinarias. Lo que sigue es la discusion en Diputados, donde el Gobierno necesitara sostener la mayoria lograda en el Senado y despejar la duda que atraviesa todo el expediente: que autonomia, recursos y responsabilidad avancen al mismo tiempo.