Procesaron a 12 militantes de Greenpeace por la protesta en el Congreso contra la Ley de Glaciares

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó sin prisión preventiva a 12 militantes de Greenpeace por la protesta que realizaron en febrero frente al Congreso contra la reforma de la Ley de Glaciares. Los imputó por violación de domicilio y desobediencia a un funcionario público, y además dispuso un embargo de $2 millones para cada uno.

La resolución reabrió un conflicto que mezcla ambiente, protesta y límites de acceso al Palacio Legislativo. Los activistas habían trepado las rejas del Congreso, se instalaron en las escalinatas y desplegaron una puesta en escena con inodoros y carteles para cuestionar una eventual modificación de la norma que protege glaciares y ambiente periglacial.

La discusión judicial

Para el magistrado, el punto central no fue el contenido político de la manifestación sino el ingreso a un sector expresamente restringido, con candados y custodia policial. Bajo esa lectura, la libertad de expresión y de reunión no alcanza para convertir en lícito un acceso que la seguridad del edificio había cerrado de forma inequívoca.

La defensa sostuvo lo contrario: que se trató de una protesta pacífica, sin violencia ni daños materiales, montada precisamente cuando no había actividad legislativa intensa para evitar interferencias. Ese contrapunto quedó abierto en una causa que ahora seguirá su curso con los 12 acusados en libertad, pero con una medida patrimonial concreta sobre sus bienes.

El trasfondo político

La causa vuelve a poner bajo la lupa a la Ley de Glaciares, una norma clave desde 2010 por el papel que cumple en la protección de reservas de agua dulce y territorios periglaciales. Cada intento de tocarla reabre el choque entre desarrollo extractivo, competencia provincial y resguardo ambiental, una tensión que en Argentina nunca se cierra del todo y suele regresar al Congreso con fuerza.

En este caso, la señal judicial es doble: por un lado, fija un límite a la protesta en espacios institucionales; por el otro, vuelve a instalar en agenda una discusión ambiental que todavía divide al oficialismo, a la oposición y a las organizaciones que siguen de cerca el expediente.