El Gobierno evita escalar con la Iglesia tras las críticas por pobreza

La Casa Rosada decidió no llevar a una confrontación abierta el malestar con la Iglesia por las críticas sociales formuladas en la previa de la visita papal, aunque dentro del oficialismo hubo respuestas públicas al diagnóstico sobre pobreza y crisis.

El foco de la tensión volvió a quedar puesto en las palabras del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien advirtió que el Papa encontrará una Argentina atravesada por divisiones y con una proporción alta de personas pobres. La frase tocó una zona sensible para el Gobierno: el relato oficial sostiene que el programa económico empezó a ordenar variables y a reducir la pobreza, mientras la Iglesia insiste en mirar la situación desde los comedores, las parroquias y los barrios donde la recuperación todavía no llega de manera pareja.

Una tensión que el oficialismo busca administrar

La instrucción política fue evitar una escalada institucional con la conducción eclesiástica. Ese criterio convive con intervenciones de dirigentes y asesores que salieron a cuestionar al arzobispo, lo que dejó expuesto un doble movimiento: prudencia en la línea formal y enojo en sectores del ecosistema libertario. Para la Casa Rosada, el punto delicado es que la visita del Papa exige coordinación logística, señales diplomáticas y un clima político que no complique el vínculo con la Santa Sede.

La discusión se apoya además en un dato duro: el INDEC informó para el primer semestre de 2026 que el 32,3% de las personas se encontraba bajo la línea de pobreza y el 7,5% bajo la línea de indigencia en los aglomerados urbanos relevados. El Gobierno remarca la baja respecto de mediciones anteriores, pero la Iglesia plantea que el número sigue representando millones de historias familiares marcadas por ingresos insuficientes, endeudamiento y pérdida de certezas.

El trasfondo social y político

La relación entre Milei y la Iglesia tuvo distintos momentos desde el inicio de la gestión. El Presidente buscó recomponer el vínculo con Roma después de años de cruces con el papa Francisco, pero la agenda social siguió siendo un punto de fricción. La pastoral católica, en especial en el área metropolitana y en los territorios más golpeados, mantuvo una mirada crítica sobre el impacto del ajuste y la capacidad del Estado para sostener redes de asistencia.

El Gobierno necesita que el debate no tape otros frentes abiertos: la negociación con gobernadores, la discusión legislativa por el Presupuesto 2027 y la reforma política, y la presión opositora sobre el DNU 70. En ese tablero, una pelea pública con la Iglesia puede ordenar a la propia base libertaria, pero también ampliar resistencias en sectores moderados.

Por eso la estrategia oficial apunta a responder con datos y evitar que el conflicto derive en una pulseada directa con la jerarquía eclesiástica. Lo que queda abierto es si esa moderación alcanza para contener a los dirigentes que prefieren una réplica más dura y si la agenda social volverá a ocupar el centro cuando se acerque la visita papal.