Fentanilo contaminado: procesaron a dos ex funcionarias por 90 muertes y les trabaron embargos millonarios

La Justicia federal de La Plata procesó a dos ex funcionarias clave del sistema de control sanitario por la causa del fentanilo contaminado, un expediente que ya vincula el caso con 90 muertes y 134 víctimas en total. El juez Ernesto Kreplak consideró a Nélida Bisio, ex titular de ANMAT, y a Gabriela Mantecón Fumadó, ex directora del INAME, partícipes necesarias de la adulteración de sustancias medicinales y les trabó embargos por $500.000 millones a cada una.

La decisión deja a ambas imputadas en libertad, aunque con restricciones: tienen prohibido salir del país, deben presentarse mensualmente ante la Policía Federal, entregar sus documentos de viaje y evitar contactos con personas vinculadas a la ANMAT y al INAME. El fallo también reconstruye demoras y omisiones en los organismos de control, a los que les atribuye haber permitido que los laboratorios investigados siguieran operando pese a las advertencias técnicas y sanitarias.

El punto central de la resolución no es sólo el castigo económico. Kreplak sostuvo que las irregularidades de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo eran conocidas dentro del sistema de fiscalización y que existían herramientas administrativas para frenar la producción antes de que el problema escalará. La investigación, en ese sentido, no se concentra únicamente en quienes elaboraron el producto, sino también en quienes debían impedir que llegara al circuito sanitario.

La causa ya había alcanzado a los responsables empresariales y ahora avanza sobre la cadena estatal de control. Ese giro es importante porque abre una discusión política más amplia sobre la capacidad real de los organismos reguladores, la velocidad de las alertas y la efectividad de los mecanismos de supervisión cuando aparecen señales de riesgo en medicamentos de uso hospitalario. En un país con memoria reciente de crisis sanitarias, la omisión regulatoria pesa casi tanto como la producción defectuosa.

El expediente sigue en movimiento y todavía quedan puntos abiertos sobre responsabilidades, secuencia de decisiones y eventuales nuevas imputaciones. Pero la resolución de este lunes marca un paso fuerte: la investigación ya no mira solamente a los laboratorios, sino también a la estructura estatal que debía controlar su actividad. En una tragedia con víctimas concretas, esa diferencia no es menor.