Discapacidad: el Gobierno llega dividido al debate en Diputados y los aliados reclaman cambios

El proyecto figura en la sesión convocada para el miércoles 21. Persisten reparos del Ejecutivo y exigencias sobre financiamiento, mientras las organizaciones llaman a movilizarse al Congreso.

El proyecto sobre discapacidad que La Libertad Avanza negoció con sus aliados llega a la víspera de su debate en Diputados sin una posición unificada del Gobierno. Este martes 20 de octubre siguen abiertos los reparos del Poder Ejecutivo sobre el costo fiscal y los reclamos de bloques dialoguistas para asegurar recursos y prestaciones. La sesión está convocada para el miércoles 21 y el texto todavía puede cambiar antes de la votación.

La diferencia atraviesa al propio oficialismo: los diputados buscaron un acuerdo con el PRO, la UCR y representantes provinciales, mientras el equipo económico cuestiona su alcance presupuestario. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, ya había expuesto esa distancia al defender el Presupuesto 2027: reconoció que la solución negociada en el Congreso no era la que hubiera preferido el Ejecutivo.

Una ley permanente o la prórroga de la emergencia

La discusión tiene dos caminos legislativos. El dictamen de mayoría propone un régimen permanente, con disposiciones sobre pensiones, prestaciones, financiamiento y control. El de minoría plantea extender hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia de la Ley 27.793. Ambos están incorporados a la Orden del Día 350, surgida del expediente 4018-D-2026.

El texto de mayoría prevé una pensión equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y compatibilidad con ingresos laborales que no superen dos salarios mínimos. También incluye un piso presupuestario que no puede caer en términos reales respecto del ejercicio anterior. Son disposiciones propuestas, no beneficios nuevos ya vigentes por esta discusión.

La letra del dictamen permite precisar un punto relevante para las familias: no establece una incompatibilidad absoluta entre la pensión por discapacidad y el empleo formal. La controversia incluye las condiciones de acceso, las garantías para sostener la cobertura y los mecanismos de actualización. Las modificaciones que puedan acordarse en el recinto deben distinguirse del documento firmado en comisión.

Los reclamos que llegan a la sesión

Los aliados exigen mayor precisión para evitar que las partidas y los aranceles pierdan valor frente a la inflación. Otro punto sensible son las compensaciones pendientes a prestadores por el deterioro acumulado en sus ingresos. La existencia de un reconocimiento no resuelve por sí sola cuándo y cómo se completarán los pagos.

El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocó a movilizarse el miércoles a las 11 frente al Congreso. La organización rechaza el proyecto oficialista porque considera que no mejora las garantías de la emergencia y reclama una prórroga que preserve derechos y previsibilidad. Esa es la posición del sector convocante, no un resultado legislativo anticipado.

Para quienes necesitan terapias, transporte, apoyos y atención sostenida, la diferencia entre las alternativas no es sólo el nombre de la ley. Importan los requisitos para acceder a la protección, los recursos disponibles y la continuidad de los servicios. La negociación deberá traducir esas garantías en una redacción concreta.

El antecedente inmediato es la sesión opositora frustrada la semana pasada por falta de quórum. Ahora el oficialismo deberá reunir los apoyos para su propio texto y sostener el acuerdo con sus socios. Hasta que el recinto vote, no hay media sanción ni una reforma aprobada: siguen abiertas tanto la negociación de artículos como la posibilidad de que avance la prórroga de la emergencia.