Diputados dejó listo el dictamen de discapacidad y el Gobierno busca recomponer con sus aliados

El debate por discapacidad volvió a quedar en el centro de la agenda política nacional después de que el oficialismo consiguiera dictamen de mayoría en Diputados con un texto corregido respecto de la propuesta incluida en el Presupuesto 2027. La discusión combina tres planos sensibles: el financiamiento de las prestaciones, el alcance de las pensiones no contributivas y la relación del Gobierno con los bloques aliados que necesita para sostener su agenda legislativa.

La nueva redacción mantiene puntos que habían sido objetados por organizaciones del sector y por legisladores dialoguistas. Entre ellos, la actualización del nomenclador de prestaciones, la continuidad de criterios de cobertura más homogéneos y la posibilidad de compatibilizar la pensión por discapacidad con empleo registrado bajo determinadas condiciones. El cambio no cancela la disputa: la oposición sostuvo su propio dictamen y cuestionó que las asociaciones del sector no hayan tenido el peso suficiente en la instancia final.

El trasfondo es una pulseada que viene de varios meses. El área de discapacidad ya había generado derrotas parlamentarias para la Casa Rosada, reclamos judiciales, marchas de familias y prestadores, y tensión interna dentro del propio oficialismo. La inclusión de cambios restrictivos en el Presupuesto 2027 reactivó esas alarmas y obligó al Gobierno a negociar con el PRO, la UCR y bloques provinciales, que acompañan parte de la hoja de ruta oficial pero no quieren quedar pegados a un ajuste sobre un sector socialmente vulnerable.

Para las familias, el punto concreto es la continuidad de terapias, traslados, apoyos escolares, acompañamientos y prestaciones que dependen de valores actualizados. Para los prestadores, la preocupación es que los retrasos tarifarios y la incertidumbre regulatoria terminen achicando la red de atención. Para el Gobierno, en cambio, el desafío es ordenar el gasto sin abrir otro frente político de alto costo humano e institucional.

El dictamen deja la discusión encaminada hacia el recinto, donde se verá si la mayoría reunida en comisión alcanza para convertir el texto en ley. Hasta entonces, la discapacidad seguirá funcionando como una prueba delicada para el oficialismo: mide su capacidad de negociar sin romper su premisa fiscal y, al mismo tiempo, su sensibilidad frente a demandas que atraviesan a miles de hogares argentinos.