La Corte volvió a poner límites a la venta de tierras a extranjeros

La Corte Suprema volvió a modificar el tablero político al suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, la norma con la que el Gobierno había derogado la Ley de Tierras. Con esa decisión, quedan nuevamente vigentes los límites para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros mientras la Justicia analiza el fondo del planteo.

La resolución tiene impacto institucional porque llega pocos días después de un fallo que había sido leído como una victoria del oficialismo. Aquella decisión había dejado operativo el artículo del megadecreto que eliminaba restricciones específicas para particulares y empresas extranjeras. La nueva cautelar, en cambio, restablece el marco anterior de manera provisoria y devuelve la discusión al terreno judicial y parlamentario.

La Ley de Tierras fijaba topes al dominio extranjero sobre el territorio rural: ninguna provincia podía superar el 15% de tierras en manos foráneas y, en la zona núcleo productiva, el límite por titular era de 1.000 hectáreas. Para el Gobierno, la desregulación buscaba atraer inversiones y remover trabas sobre la propiedad. Para sus críticos, la norma protegía recursos estratégicos, áreas de frontera, agua, bosques y suelo productivo.

El fallo no resuelve la constitucionalidad del DNU ni clausura la discusión. Lo que hace es mantener suspendidos sus efectos hasta que el juez competente evalúe la legitimación de quienes demandaron y el pedido de protección judicial. Esa diferencia importa: no se trata de una sentencia definitiva, sino de una medida destinada a evitar daños mientras avanza el expediente.

La decisión también repercute en el Congreso. La oposición venía impulsando una ofensiva para rechazar el DNU 70/2023 completo, uno de los instrumentos centrales del programa de desregulación de Milei. Al mismo tiempo, el oficialismo buscaba encauzar el debate para evitar que el conflicto por tierras terminara arrastrando al resto del decreto.

El tema toca una fibra sensible de la política argentina: soberanía, inversiones, federalismo y control de recursos naturales. Por eso, aunque la cautelar alivie en parte la presión inmediata sobre el Gobierno, el debate seguirá abierto. La cuestión de fondo será si una reforma de esa magnitud puede sostenerse por decreto o si necesita una discusión legislativa específica, con provincias, sectores productivos y organizaciones sociales mirando de cerca.