La Corte dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras y reabrió el debate por la compra extranjera

La Corte Suprema dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por el DNU 70/2023 y volvió a poner en el centro de la discusión política los límites a la compra de campos por parte de personas y empresas extranjeras. El fallo revocó una decisión de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inválido el artículo del decreto presidencial que eliminó la ley 26.737.

La norma derogada establecía topes concretos: un máximo del 15% de tierras rurales en manos extranjeras, límites por nacionalidad, restricciones sobre superficies equivalentes a mil hectáreas en la zona núcleo y controles especiales sobre áreas de frontera o con cuerpos de agua permanentes. Con la decisión del máximo tribunal, esa arquitectura de control vuelve a quedar sin efecto mientras el debate legislativo y político permanece abierto.

El caso llegó a la Corte a partir de una acción impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, que había planteado la discusión en términos de soberanía territorial. El tribunal entendió que esa representación no alcanzaba para sostener el reclamo colectivo en los términos en que fue presentado. La consecuencia práctica, sin embargo, excede el tecnicismo procesal: el artículo del DNU que había eliminado la ley recupera eficacia.

El antecedente inmediato es clave. La Ley de Tierras fue aprobada en 2011 con el argumento de proteger recursos naturales considerados estratégicos. El Gobierno de Javier Milei la derogó en diciembre de 2023 dentro del megadecreto de desregulación, al sostener que limitaba inversiones y restringía derechos de propiedad. Desde entonces, el punto quedó judicializado y se convirtió en una de las discusiones más sensibles del DNU.

El impacto ciudadano y territorial no es abstracto. El régimen anterior obligaba a registrar operaciones y permitía conocer qué proporción de tierra rural estaba en manos extranjeras. También funcionaba como una barrera para compras en zonas con valor ambiental, productivo o de frontera. Sus críticos, en cambio, sostienen que esos límites desalientan capitales y encarecen proyectos agroindustriales o inmobiliarios.

La decisión de la Corte llega después de meses de tensión entre el Ejecutivo, el Congreso y los tribunales por el alcance de los decretos de necesidad y urgencia. Ahora el foco vuelve al Parlamento: si una mayoría quiere restablecer controles, deberá avanzar con una ley nueva o insistir sobre el marco anterior. Hasta entonces, la discusión sobre tierra, inversión y soberanía queda abierta bajo una regla mucho más flexible para los compradores extranjeros.