Caso $LIBRA: la Cámara Federal dejó firme otro revés para los inversores que quieren ser querellantes

La causa penal por el caso $LIBRA sumó un nuevo capítulo judicial: la Cámara Federal rechazó los recursos de cuatro inversores que intentaban recuperar su lugar como querellantes en el expediente. La resolución mantiene el criterio que venía restringiendo la participación de quienes denunciaron pérdidas tras comprar el token que fue promocionado por Javier Milei y luego se desplomó.

El punto no define el fondo de la investigación, pero sí incide sobre quiénes pueden intervenir activamente en la causa. Ser querellante permite pedir medidas, acceder a determinadas actuaciones y empujar líneas de prueba. Por eso, la discusión procesal tiene impacto político: ordena el tablero de una investigación que involucra al Presidente, a su entorno y a los organizadores del proyecto cripto.

Qué resolvió la Cámara

El tribunal rechazó los planteos de los inversores que buscaban revertir su exclusión. El argumento central que se consolidó en resoluciones anteriores es que quienes compraron el token participaron de un mercado altamente volátil y no regulado, por lo que debían acreditar con mayor precisión el perjuicio directo y el vínculo con la maniobra investigada.

Los damnificados todavía pueden intentar llegar a la Cámara Federal de Casación Penal mediante un recurso de queja. Esa instancia será clave para saber si la discusión queda cerrada o si un tribunal superior revisa el alcance del derecho de las víctimas a participar en una causa de alto voltaje público.

El antecedente del token

$LIBRA quedó bajo investigación después de que el Presidente difundiera en redes sociales la dirección del contrato del criptoactivo. La cotización subió con rapidez y luego cayó de manera abrupta, lo que derivó en denuncias por presunta estafa, pedidos de investigación sobre posibles responsabilidades políticas y cruces sobre el rol de los promotores del proyecto.

Desde entonces, el expediente se movió en varios frentes: presentaciones de inversores, planteos de legisladores, informes vinculados a la operatoria y discusiones sobre la trazabilidad del dinero. El caso también expuso un problema más amplio: la distancia entre la velocidad de los mercados cripto y los tiempos de control judicial, regulatorio y político.

Lo que sigue abierto

La exclusión de querellantes no equivale a cerrar la causa. La investigación penal debe determinar si existieron delitos, quiénes participaron y qué responsabilidad puede atribuirse a cada actor. Pero el recorte de partes acusadoras reduce la presión procesal dentro del expediente y concentra más peso en el impulso de la fiscalía y el juzgado.

El desenlace será observado con atención porque combina daño económico denunciado por particulares, exposición presidencial y una tecnología financiera que todavía desafía los marcos de control tradicionales. En adelante, Casación puede convertirse en el próximo escenario de una disputa que ya dejó de ser sólo cripto y pasó a ocupar un lugar institucional.