Cambios en telecomunicaciones: licitaciones frescas, control del Enacom y adiós a beneficios impositivos.

El gobierno argentino ha lanzado una serie de iniciativas en el ámbito de las telecomunicaciones con el objetivo de fomentar una mayor competencia empresarial, con la esperanza de que los consumidores puedan beneficiarse de servicios superiores a precios más accesibles. Este anunció realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, también trajo consigo la inesperada noticia de la disolución de la AFIP.

Una de las medidas más destacadas es la licitación de un considerable espectro de 100 MHz que estaba a disposición de ARSAT, pero que permanecía sin uso, además de hacer disponibles 50 MHz más del organismo regulador para facilitar el despliegue del servicio de 5G. Esta decisión está diseñada para impulsar inversiones que mejoren la oferta de telecomunicaciones en el país, reduciendo los privilegios de las empresas públicas frente a las privadas.

Además, se eliminarán las exenciones de IVA aplicables a publicaciones periódicas impresas y digitales, una medida que según estimaciones aumentará significativamente la recaudación fiscal. El Estado nacional también ha decidido relanzar la licitación para el servicio de conectividad en las 16,000 escuelas del país, una acción representativa de un atractivo contrato anual de 60,000 millones de pesos.

La Auditoría General de la Nación (AGN) ha detectado deficiencias en la gestión del ENACOM con respecto a la administración de los recursos del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, instando a una revisión exhaustiva de los contratos de telecomunicaciones existentes. Esta auditoría reveló que las empresas adeudan más de 3,000 millones de pesos en contribuciones al fondo.

Finalmente, en el campo de la recaudación, se ha anunciado la creación de la nueva Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), como parte de un esfuerzo por optimizar las estructuras tributarias existentes y generar un aparato estatal más eficiente.

Estas medidas en el sector de telecomunicaciones y cambios estructurales en el aparato fiscal representan un intento del gobierno de ajustar y modernizar sus políticas para dejar atrás las ineficiencias, configurando un escenario donde la competencia pueda beneficiar realmente a los ciudadanos a través de mejoras sustanciales en los servicios. Estas decisiones trazan una nueva dirección gubernamental, inclinándose hacia un modelo más liberal y competitivo que busca desafiar las inercias del pasado.