Bullrich se desmarcó de Milei y cuestionó la condena a periodistas en Formosa

Patricia Bullrich marcó una diferencia pública con Javier Milei por la condena dictada en Formosa contra cuatro integrantes de un equipo periodístico. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado cuestionó el fallo, defendió la libertad de prensa y apuntó contra el gobernador Gildo Insfrán, mientras el Presidente había reaccionado con un mensaje agresivo contra los trabajadores de prensa.

La resolución fue dictada por el Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas y aplicó cinco días de arresto, con posibilidad de reemplazo por una multa, a una cronista, un camarógrafo, un sonidista y un director audiovisual que habían realizado entrevistas y registros en la comunidad originaria San José durante una cobertura hecha en septiembre de 2025. El fallo se apoyó en una presunta infracción al Código de Faltas provincial por desarrollar la actividad sin autorización previa ni carnet habilitante.

El punto que encendió la reacción política es de fondo: en la Argentina no se exige permiso estatal para ejercer el periodismo. Las credenciales pueden ordenar accesos en determinados ámbitos, pero no funcionan como una licencia previa para entrevistar ciudadanos o documentar una situación social. Por eso, entidades profesionales y dirigentes de distintos espacios advirtieron que la decisión judicial puede convertirse en una forma de intimidación contra la cobertura periodística.

Formosa arrastra desde hace años cuestionamientos por concentración de poder, restricciones institucionales y tensión con medios críticos. Insfrán gobierna la provincia desde 1995 y su administración suele responder que las denuncias opositoras forman parte de una ofensiva política. Sin embargo, cada episodio que involucra a periodistas, comunidades originarias o controles sobre la circulación de información vuelve a instalar la pregunta sobre los límites reales para trabajar y expresarse en la provincia.

La novedad política fue el contraste dentro del propio oficialismo nacional. Bullrich eligió poner el foco en la libertad de prensa y en el poder provincial; Milei, en cambio, descargó su enojo contra los medios y leyó el caso como una disputa con sectores que considera opositores. Esa diferencia no implica una ruptura, pero sí exhibe una tensión recurrente: cómo conviven dentro del espacio libertario la defensa abstracta de las libertades individuales y la confrontación permanente del Presidente con periodistas y medios.

El caso seguirá abierto por la vía judicial y por la discusión pública. Si la condena queda firme, puede sentar un precedente peligroso para coberturas en territorios donde el poder político controla buena parte de la vida institucional. Si se revierte, dejará de todos modos una advertencia sobre la fragilidad de las garantías cuando informar depende de permisos que ninguna democracia debería exigir.