Bolsonaro: la fiscalía pidió investigar si se usaron fondos públicos para su traslado

Paloma Ochoa impulsó la investigación ante María Eugenia Capuchetti. Busca establecer si hubo recursos estatales en el paso del senador brasileño por Iguazú; no imputó a funcionarios.

La fiscal federal Paloma Ochoa pidió este jueves abrir una investigación penal para establecer si se utilizaron fondos públicos argentinos para facilitar el traslado de Flávio Bolsonaro desde Brasil hacia Estados Unidos a través de Puerto Iguazú. El requerimiento fue presentado ante la jueza María Eugenia Capuchetti, en un expediente que hasta ahora avanzaba con medidas preliminares. No hay funcionarios imputados por esta nueva presentación ni está probado que se hayan desviado recursos estatales.

El cambio de etapa pone el foco en una pregunta distinta de la validez de los documentos de viaje: si la estructura del Estado intervino para asistir al senador brasileño y, en ese caso, con qué recursos, bajo qué autorización y con qué conocimiento de su situación judicial. La investigación debe determinar si esa hipótesis tiene sustento, no darla por acreditada a partir de la denuncia.

Los registros que busca reconstruir la Justicia

La causa se originó en una presentación del dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano contra Javier Milei y otros integrantes del Poder Ejecutivo por presunto encubrimiento. El 29 de octubre, Capuchetti había dispuesto pedidos de información a Migraciones y a la Cancillería para conocer los controles efectuados y las comunicaciones recibidas sobre las restricciones que pesaban sobre Bolsonaro en Brasil.

Las medidas también buscan reconstruir el recorrido mediante registros fronterizos, documentación del vuelo e imágenes de seguridad. El puente internacional Tancredo Neves y el aeropuerto de Puerto Iguazú son dos puntos centrales de esa revisión. Esos elementos permitirían contrastar lo denunciado con movimientos, intervenciones y actuaciones concretas de los organismos.

Bolsonaro pasó por la Argentina con su esposa y sus dos hijas entre el 27 y el 28 de octubre. Ingresaron por tierra desde Foz do Iguaçu y luego viajaron en un avión privado con escala en Guayaquil, Ecuador, antes de llegar a Miami. El dirigente brasileño afrontaba restricciones judiciales en su país, una circunstancia que motivó las denuncias sobre una posible colaboración de autoridades argentinas.

La respuesta oficial y los expedientes abiertos

El Gobierno negó irregularidades en el procedimiento. La explicación oficial fue que la familia presentó documentación válida y no tenía alertas de Interpol que impidieran su tránsito. Esa respuesta sobre los controles migratorios es parte del contraste que deberá hacer la Justicia; no resuelve por sí misma la pregunta sobre un eventual empleo de bienes o personal del Estado.

Hubo además presentaciones de Esteban Paulón y de Marcela Pagano en otras sedes. Una investigación en Puerto Iguazú fue desestimada, pero esa decisión no cerró el expediente que tramita en Comodoro Py. Son actuaciones que deben distinguirse para no presentar un archivo parcial como el final de todas las denuncias.

El interés público del caso está en la rendición de cuentas sobre recursos financiados por los ciudadanos y en el cumplimiento de los deberes de los organismos de frontera. El paso siguiente será establecer qué pruebas respaldan o descartan la hipótesis fiscal y si corresponde atribuir responsabilidades individuales. Hasta entonces, investigar una posible asistencia irregular no equivale a probarla.