ARSAT: procesaron a Facundo Leal y le trabaron un embargo de $3.000 millones

El juez Lino Mirabelli investiga contrataciones con una firma logística. La resolución alcanza a exfuncionarios y privados; Leal negó intervenir en las maniobras.

El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli procesó sin prisión preventiva a Facundo Leal, extitular de ARSAT, en la causa que investiga presuntas irregularidades en contrataciones con Argentina Logistic Services (ALS). La resolución conocida este jueves 15 de octubre incluye un embargo de $3.000 millones sobre sus bienes y alcanza a otros exfuncionarios y directivos privados.

La acusación contra Leal comprende negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta en perjuicio del Estado, incumplimiento de deberes y cohecho pasivo. El procesamiento es una evaluación judicial de las pruebas reunidas en esta etapa: no constituye una condena y no elimina la presunción de inocencia del exfuncionario, que negó haber intervenido en las contrataciones cuestionadas.

Un robo abrió la revisión de los contratos

El expediente se inició a partir de la desaparición y los daños de equipamiento almacenado en un predio de San Fernando utilizado por ALS. El faltante fue detectado en enero de 2024. La investigación dejó de centrarse únicamente en el robo y avanzó sobre las condiciones del depósito y la relación comercial entre la proveedora y la empresa estatal de telecomunicaciones.

La reconstrucción judicial examinó 16 órdenes de compra y pagos cercanos a US$1,7 millones y $32,2 millones. Los servicios incluían almacenamiento, transporte, grúas y movimiento de equipos. El juez consideró que existían indicios de un mecanismo para favorecer a ALS mediante contrataciones direccionadas, competencia simulada y prestaciones presuntamente infladas.

Entre las maniobras bajo análisis figura el uso de una casilla de correo atribuida a un supuesto competidor y la participación de otra firma vinculada con los directivos de la proveedora. La pesquisa también revisó las condiciones de seguridad del predio, cuestionadas por el funcionamiento de cámaras, vigilancia y cercos. Esas observaciones forman parte de la hipótesis judicial sobre cómo se administraron los bienes públicos.

Las pruebas, la defensa y las causas separadas

El juzgado valoró documentación administrativa, mensajes y testimonios sobre el vínculo entre los responsables de ARSAT y los empresarios. La investigación está a cargo del fiscal Fernando Domínguez. La resolución comprende a exintegrantes de áreas de compras, administración y logística, a directivos de ALS y a un intermediario; también alcanza a la empresa como persona jurídica.

Leal presentó un descargo escrito y no respondió preguntas en la indagatoria. Negó que hubiera constancias de su participación y sostuvo que las menciones a su nombre en conversaciones ajenas no acreditaban responsabilidad. Mirabelli entendió que los elementos reunidos justificaban el procesamiento, una conclusión que pertenece a esta instancia y deberá ser examinada si la defensa la cuestiona.

El juez no dispuso prisión preventiva en este expediente. Leal permanece bajo arresto domiciliario por una causa paralela relacionada con estupefacientes, abierta tras los allanamientos a sus propiedades. Son actuaciones distintas: esa detención no debe presentarse como consecuencia del procesamiento por los contratos de ARSAT.

El caso pone bajo examen los controles sobre proveedores y el resguardo de equipamiento de una empresa pública. Lo que sigue es la continuidad del trámite judicial y la discusión de las responsabilidades individuales. El embargo busca asegurar una eventual respuesta patrimonial; no es una multa firme ni prueba por sí solo la culpabilidad de los acusados.