Arroyo pidió fondos para discapacidad y advirtió que una nueva ley no alcanza por sí sola
Publicado: 15 / 11 /2026El exministro reclamó este domingo que el Senado vote el proyecto y que el Gobierno garantice su financiamiento. La iniciativa tiene dictamen, pero todavía no es ley.
Daniel Arroyo reclamó este domingo 15 de noviembre que el avance de la nueva ley de discapacidad se traduzca en recursos concretos y no quede limitado a un cambio de discurso. El exministro de Desarrollo Social planteó tres condiciones: que el Senado apruebe el proyecto, que se retiren los recortes que cuestiona en el Presupuesto y que se garantice el dinero para sostener las prestaciones.
En una entrevista con Horacio Embón en Radio Brisas, resumió su advertencia: “Que ponga los recursos, porque va a ser otra vez palabra y no hechos”. Su reclamo llegó después de que Patricia Bullrich afirmara que la Cámara alta está lista para tratar la iniciativa.
Las declaraciones expresan la posición crítica de Arroyo sobre la política oficial. No equivalen a una confirmación de que los cambios presupuestarios ya fueron aprobados ni a una decisión del Senado, que todavía debe votar el texto.
Qué está pendiente en el Congreso
El proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad ya pasó por Diputados, donde reunió 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones. El 4 de noviembre obtuvo dictamen en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano del Senado.
El despacho recibió un respaldo que atravesó al oficialismo y a distintos sectores opositores, aunque eso no eliminó las críticas al contenido ni a su implementación. La intención anunciada es llevarlo al recinto el 19 de noviembre. Esa fecha debe leerse como una previsión parlamentaria: no como una sanción consumada.
La propuesta busca reemplazar el esquema de emergencia por un régimen permanente. Entre sus puntos figuran la continuidad de las pensiones, su compatibilidad con el trabajo bajo determinados requisitos y la cobertura de prestaciones médicas a través de Incluir Salud. También contempla mecanismos de auditoría y garantías para presentar descargos ante suspensiones.
La diferencia entre reconocer un derecho y sostenerlo
El financiamiento es el centro del conflicto. El texto prevé partidas del Ministerio de Salud y recursos del Tesoro si resultan insuficientes, además de un piso presupuestario que no puede caer en términos reales frente al ejercicio anterior. La discusión incluye asimismo los pagos pendientes a los prestadores.
Para las familias, las consecuencias se miden en la posibilidad de mantener tratamientos y apoyos sin interrupciones. Para las instituciones que brindan servicios, importan tanto los aranceles como la regularidad de los pagos. Por eso, la aprobación legislativa y la ejecución presupuestaria son pasos diferentes: una no reemplaza a la otra.
La emergencia vigente vence el 31 de diciembre de 2026. El debate de las próximas semanas deberá resolver qué marco la sustituye y cómo se sostendrá. El reclamo de Arroyo apunta a esa distancia entre el compromiso político y su cumplimiento efectivo, que seguirá abierta hasta que haya decisiones legislativas y fondos ejecutados.
