ANDIS vuelve al centro de la escena por compras con sobreprecios y documentos bajo análisis judicial

La Agencia Nacional de Discapacidad volvió a quedar bajo presión política y judicial después de que se conocieran informes técnicos incorporados al expediente por presuntas irregularidades en compras de insumos médicos, ortopédicos y prestaciones vinculadas a personas con discapacidad.

Los documentos describen diferencias de precios que, según los relevamientos difundidos, llegaron en algunos casos a niveles extraordinarios frente a valores de referencia de otros organismos públicos o del mercado. También aparecen observaciones sobre pagos duplicados, productos entregados con características distintas a las adjudicadas e insumos que figurarían como recibidos pese a que su entrega efectiva quedó bajo revisión.

El caso golpea sobre un área especialmente sensible. La ANDIS administra políticas para personas con discapacidad, pensiones y programas de cobertura sanitaria. Por eso, cada sospecha sobre el circuito de contrataciones no sólo abre un problema penal o administrativo: también instala una pregunta concreta sobre el destino de recursos destinados a tratamientos, prótesis, sillas de ruedas, dispositivos y acompañamientos que muchas familias no pueden reemplazar por vías privadas.

La investigación tiene antecedentes que vienen desde la intervención del organismo y el desplazamiento de funcionarios que quedaron bajo sospecha por presuntos direccionamientos de compras. En ese recorrido, la documentación enviada a la Justicia comenzó a ordenar expedientes, facturas, compulsas y precios comparables. La discusión central será si las diferencias detectadas responden a productos efectivamente distintos, a condiciones técnicas justificables o a maniobras de sobreprecio.

El Gobierno enfrenta una dificultad adicional: mientras defiende auditorías y recortes en distintas prestaciones, la aparición de presuntas compras irregulares debilita el argumento de eficiencia del gasto. Para la oposición, el expediente se transformó en un flanco para reclamar explicaciones políticas; para el oficialismo, la apuesta pasa por sostener que las revisiones internas permitieron detectar desvíos heredados o ajenos a la conducción actual.

La etapa que viene dependerá de las pericias y de las medidas que disponga el juzgado. Hasta ahora, los informes no reemplazan una sentencia ni permiten cerrar responsabilidades individuales. Pero sí colocan una señal de alarma institucional: en un organismo que atiende derechos básicos, la trazabilidad de cada compra importa tanto como el precio final.