AFA: nuevas órdenes de pago ponen bajo la lupa el control de los fondos en el exterior

Documentos difundidos este domingo atribuyen instrucciones de transferencia a un exdirector ejecutivo. Su entorno niega la autenticidad de la firma y la investigación sigue abierta.

La investigación sobre los fondos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino sumó este domingo una nueva pieza: órdenes de pago con una firma atribuida al exdirector ejecutivo Gerardo León. Los documentos difundidos por una investigación de La Nación contienen instrucciones a TourProdEnter, la empresa de Javier Faroni y Erica Gillette, para transferir dinero por cuenta de la entidad.

El punto está en disputa. Allegados a León sostuvieron que la firma fue falsificada y que, durante el período de las operaciones, ya no ejercía como director ejecutivo sino como asesor. Esa objeción impide dar por acreditada su intervención personal únicamente por la aparición de su nombre en los comprobantes.

Las órdenes divulgadas corresponden a 2023-2025. La AFA respondió ante la consulta que el asunto está en manos de la Justicia y que debe resolver el juzgado federal de Campana. La revelación no equivale a una sentencia ni determina por sí sola quién autorizó cada movimiento.

Un circuito comercial que se investiga desde hace meses

TourProdEnter fue designada agente comercial exclusivo para el exterior y quedó a cargo de cobrar contratos internacionales, administrar pagos y remitir excedentes a la asociación. Los ingresos bajo examen incluyen patrocinios, derechos de transmisión y encuentros amistosos de la Selección: recursos generados por la explotación comercial del fútbol argentino fuera del país.

La pesquisa ya había motivado allanamientos en las oficinas de Viamonte, el predio de Ezeiza y el domicilio de Faroni. En marzo se secuestró una computadora en la sede de entrenamiento. Esos procedimientos buscaban reunir documentación para contrastar los contratos con los movimientos bancarios.

La conducción de la AFA defendió públicamente el esquema de comisiones. En su respuesta institucional sostuvo que había renegociado acuerdos heredados y mejorado la proporción de ingresos que conserva la entidad. Esa explicación contractual es su postura frente a los cuestionamientos; no reemplaza la verificación judicial sobre el destino de cada transferencia.

Qué necesita esclarecer la investigación

La diferencia entre una comisión pactada y un pago sin contraprestación comprobable es central. Reconstruir ese recorrido exige identificar quién recibió los fondos, qué servicio facturó y qué controles se aplicaron antes del giro. También debe resolverse la controversia sobre la autenticidad de las firmas. Hasta que esas comprobaciones avancen, las sospechas sobre el circuito financiero deben mantenerse separadas de las responsabilidades penales que eventualmente establezca la Justicia.