Aeropuertos: el Gobierno extendió la concesión hasta 2049 y cerró una negociación clave

El Gobierno nacional formalizó la renegociación del contrato con Aeropuertos Argentina, la empresa que administra 35 terminales del país, y extendió la concesión hasta el 13 de febrero de 2049. El acuerdo fue aprobado por una decisión administrativa publicada el 28 de septiembre y fija nuevas obligaciones de inversión, reglas económicas y el cierre de reclamos pendientes entre la compañía y el Estado.

La decisión tiene impacto político y ciudadano porque alcanza a la red aeroportuaria que usan millones de pasajeros por año, desde Ezeiza y Aeroparque hasta terminales del interior. También vuelve a poner sobre la mesa un debate recurrente en la Argentina: cómo renegociar grandes concesiones públicas sin perder control estatal ni transformar cada prórroga en un cheque en blanco.

Las condiciones del acuerdo

La empresa había buscado una extensión más amplia. El convenio aprobado establece once años adicionales respecto del vencimiento previsto y abre la posibilidad de sumar siete años más si se cumplen compromisos concretos. Entre ellos aparece una inversión adicional de US$600 millones destinada a infraestructura aeroportuaria.

Para activar esa prolongación extra, Aeropuertos Argentina deberá acreditar disponibilidad de fondos antes del 30 de junio de 2027 mediante un informe de auditoría internacional. Además, el 75% de las obras comprometidas deberá estar terminado antes del 31 de diciembre de 2031. La redacción busca atar la extensión del contrato no sólo a una promesa de inversión, sino al avance efectivo de los trabajos.

Rentabilidad, RIGI y demanda judicial

Otro punto central fue la tasa interna de retorno usada como referencia para recomponer la ecuación económica. El acuerdo fija una TIR del 14,30%, por debajo de lo pretendido por la empresa, y no la convierte en una obligación automática para el Estado. También deja afuera el pedido de aplicar beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones a las obras previstas.

La negociación incluye el desistimiento de la demanda iniciada en 2023 por la alteración de la ecuación económico-financiera del contrato. Ese punto es relevante porque cierra una disputa judicial que se había acumulado sobre una concesión ya atravesada por prórrogas y renegociaciones durante distintos gobiernos.

Por qué importa

La infraestructura aeroportuaria es una de las puertas de entrada al país y una pieza sensible para turismo, comercio, carga y conectividad federal. Si las inversiones se cumplen, el acuerdo puede traducirse en mejoras operativas y obras largamente reclamadas. Si no se cumplen, el costo político será haber extendido una concesión estratégica sin resultados visibles para usuarios y provincias.

El antecedente obliga a seguir de cerca la fiscalización del contrato. La clave no estará sólo en la fecha de vencimiento, sino en la capacidad del Estado para controlar plazos, obras, calidad de servicio y tarifas en una actividad que afecta de manera directa a pasajeros, trabajadores aeroportuarios y economías regionales.