El Gobierno modificó el Presupuesto 2026 y reforzó partidas previsionales y sociales
Publicado: 19 / 11 /2026El DNU 1391 amplía créditos para jubilaciones, asignaciones y programas de salud. También eleva la autorización de financiamiento y debe pasar por el control parlamentario.
El Gobierno modificó este jueves 19 de noviembre el Presupuesto 2026 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1391, con refuerzos para prestaciones previsionales, asignaciones familiares, pensiones no contributivas y otras obligaciones del Estado. La medida, firmada el día anterior por Javier Milei y los ministros, entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial.
La decisión ajusta las autorizaciones de gasto para el tramo final del año. En sus fundamentos, el Ejecutivo sostiene que necesita adecuar recursos para sostener servicios esenciales y afrontar compromisos salariales, operativos y sociales. La norma alcanza a distintas jurisdicciones: no es un cambio limitado a un solo organismo ni al presupuesto del año próximo.
Jubilaciones, prestaciones y deudas con prestadores
La ANSES recibe mayores créditos para cubrir prestaciones previsionales y refuerzos de ingresos de jubilados y pensionados. Se incluyen asignaciones familiares, prestaciones por desempleo y el Plan 1000 Días, destinado a la atención durante el embarazo y la primera infancia. También se ajustan transferencias vinculadas con el PAMI.
En Salud, la modificación contempla pensiones no contributivas y recursos para Incluir Salud. En este último caso, el decreto vincula el refuerzo con deudas a prestadores, dentro del marco de la emergencia en discapacidad. Para las personas que dependen de esas prestaciones, el punto decisivo será la ejecución efectiva: una autorización presupuestaria no acredita, por sí sola, que una deuda ya haya sido cancelada o que un servicio esté regularizado.
La norma incorpora además recursos para las cajas de retiros y pensiones de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, incluidos compromisos derivados de sentencias judiciales. El alcance muestra cómo las obligaciones previsionales se distribuyen entre organismos con regímenes diferentes.
Más margen de financiamiento, no deuda ya emitida
El artículo 3 amplía en $78,7 billones el monto autorizado para operaciones de crédito público con plazo mínimo de amortización de 90 días. Esa cifra corresponde al límite habilitado para financiarse: no significa que el Estado haya tomado automáticamente deuda por todo ese importe ni que exista un desembolso de gasto equivalente.
El DNU también modifica garantías del Tesoro para provincias. En Córdoba cambia el destino de un financiamiento de hasta USD 100 millones hacia infraestructura hídrica y de saneamiento. Para Santa Fe incorpora un aval destinado a obras de defensa contra inundaciones en el departamento San Javier.
Hay adecuaciones para empresas públicas, organismos y gastos de funcionamiento, inteligencia y equipamiento. Entre las entidades mencionadas figuran FADEA, Tandanor, Educ.ar, Radio y Televisión Argentina y la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. El detalle de cada movimiento debe leerse en sus planillas, sin confundir créditos disponibles con pagos realizados.
La medida dispone dar cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso. La discusión institucional no termina con su entrada en vigencia: quedan el control parlamentario y el seguimiento de cómo se utilizan las partidas. Para jubilados, familias y prestadores, ese seguimiento permitirá distinguir el refuerzo contable de su efecto concreto sobre cobros y atención.
