El TSJ porteño ordenó aplicar la reforma laboral para actualizar una indemnización

Publicado: 18 / 11 /2026

El fallo modifica el cálculo de intereses en una causa contra el Banco Hipotecario, sin anular la condena por despido. La disputa se centra en cuánto conserva su valor un crédito durante el juicio.

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ordenó aplicar las reglas de la Ley de Modernización Laboral para actualizar una indemnización en una causa contra el Banco Hipotecario. La decisión, conocida este miércoles 18 de noviembre, revisa el mecanismo de intereses y actualización que había utilizado la Cámara Nacional del Trabajo, no el reconocimiento del derecho a cobrar por el despido.

El caso involucra a una ex trabajadora del banco y llegó al máximo tribunal porteño por un recurso de la entidad financiera. La Sala IX de la Cámara había dispuesto actualizar el crédito mediante el Índice de Precios al Consumidor del INDEC más un interés del 3% anual. El banco cuestionó ese criterio y obtuvo una revisión favorable.

La regla para los expedientes pendientes

El punto central es el artículo 55 de la Ley 27.802, publicada el 6 de marzo de 2026. La disposición contempla los juicios laborales que estaban en trámite y aún no tenían sentencia definitiva al entrar en vigencia la norma, incluidos aquellos con recursos de queja pendientes de resolución.

Para esos casos establece la aplicación de la tasa pasiva que determina el Banco Central, con dos límites. El resultado no puede superar el cálculo del capital histórico actualizado por inflación más un 3% anual. Tampoco puede quedar por debajo del 67% de esa referencia. No se trata, por lo tanto, de una quita automática del 33% sobre cualquier indemnización: ese porcentaje funciona como límite inferior de una fórmula de actualización.

La trabajadora cuestionó la constitucionalidad de ese régimen. La mayoría del TSJ rechazó el planteo y consideró que el Congreso podía definir una solución transitoria para los expedientes pendientes. También sostuvo que la invalidez de una ley es una respuesta de última instancia, que exige acreditar una afectación constitucional concreta.

Lo que cambia para quien espera cobrar

La controversia tiene una consecuencia directa para trabajadores y empleadores: dos fórmulas de intereses pueden producir montos diferentes aun cuando el capital reconocido sea el mismo. Cuando pasan años entre un despido y su pago, la manera de compensar esa demora puede ser tan importante como la suma originalmente fijada.

El pronunciamiento fue mayoritario, no unánime. La discusión dentro del tribunal incluyó objeciones a la capacidad de la tasa pasiva para preservar el valor del crédito frente a la inflación. Esa diferencia muestra que el debate no quedó limitado a una operación matemática: también involucró la protección del patrimonio y el trato entre distintos grupos de acreedores.

El TSJ tomó en consideración el reciente precedente de la Corte Suprema en la causa Cabana Opanasiuk, del 5 de noviembre, vinculado con la necesidad de contemplar los cambios legislativos ocurridos durante un proceso. La nueva decisión lleva esa discusión a un expediente concreto contra una entidad bancaria.

Ahora corresponde continuar la tramitación con el criterio de actualización fijado por la mayoría. Sin una liquidación resultante no puede afirmarse cuánto cobrará finalmente la trabajadora ni presentar el fallo como una reducción uniforme aplicable a todos los despidos. Lo que sí cambia es la regla para calcular este crédito.