Autorizaron a Baratta a viajar a Búzios: un juez objetó cómo pagará las vacaciones
Publicado: 17 / 11 /2026El exfuncionario podrá salir del país entre el 28 de diciembre y el 6 de enero. La mayoría descartó indicadores de fuga; la disidencia pidió justificar los fondos del viaje o satisfacer el embargo.
Roberto Baratta obtuvo autorización judicial para viajar con su familia a Búzios, Brasil, entre el 28 de diciembre y el 6 de enero de 2027. La decisión conocida este martes 17 de noviembre fue adoptada por mayoría en el Tribunal Oral Federal 3, con una disidencia que puso el foco en el origen del dinero destinado a las vacaciones y en un embargo pendiente.
Los jueces Andrés Basso y Fernando Machado Pelloni habilitaron la salida. Consideraron el permiso que ya había otorgado el Tribunal Oral Federal 7, el dictamen favorable de la fiscalía y la ausencia de elementos objetivos que permitieran presumir una fuga. Baratta se comprometió a presentarse ante el tribunal dentro del tercer día hábil posterior al regreso.
La defensa acompañó reservas de pasajes y alojamiento. El pedido fue presentado por motivos de recreación familiar. La autorización tiene fechas y condiciones concretas: no supone que el exfuncionario haya quedado desvinculado de los expedientes que enfrenta.
La objeción por los fondos y el embargo
El juez Javier Ríos planteó que antes de viajar debía acreditar de dónde saldría el dinero o pagar el monto del embargo dispuesto en la causa. Su razonamiento apuntó a la contradicción entre invocar falta de bienes para responder a una medida patrimonial y afrontar el costo de vacaciones en el exterior.
Ríos recordó que había acompañado otras autorizaciones cuando los desplazamientos se justificaban por razones laborales. Esta vez entendió que el carácter recreativo del viaje exigía una comprobación adicional. La propuesta quedó en minoría: no fue incorporada como condición al permiso aprobado.
Expedientes distintos, situaciones procesales diferentes
Baratta fue subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal durante la gestión de Julio De Vido. Tiene una condena a tres años y seis meses por las compras irregulares de gas natural licuado. Esa sentencia no está firme, una precisión necesaria para entender por qué la existencia de una pena dictada no implica que ya se esté ejecutando.
También es juzgado en la causa Cuadernos y en el expediente sobre el manejo de la caja chica de Planificación. En este último se discutió el permiso de viaje. Son investigaciones vinculadas al uso de fondos públicos y a responsabilidades de quienes administraron el Estado, pero no deben confundirse entre sí ni presentarse todas como condenas.
En paralelo, este martes asistió a una audiencia ante la Cámara Federal porteña que revisa su procesamiento por presunto enriquecimiento ilícito. Esa revisión sigue abierta. El permiso para salir del país no resuelve la acusación patrimonial ni anticipa qué decidirán los camaristas.
La controversia quedó delimitada entre dos criterios: asegurar la sujeción al proceso sin imponer una restricción que la mayoría no consideró necesaria, y exigir explicaciones económicas frente a un embargo. Los juicios y las revisiones judiciales continuarán con independencia de las vacaciones autorizadas.
