Removieron a la titular de dos registros de Lomas de Zamora por fondos no girados al Estado
Publicado: 16 / 11 /2026Justicia estableció un perjuicio fiscal superior a $117 millones y ordenó gestionar su recupero. La sancionada puede recurrir la decisión administrativa.
El Ministerio de Justicia removió a Marta Elena Castañón como encargada titular de dos registros automotores de Lomas de Zamora tras concluir que incumplió la obligación de transferir al Estado remanentes de recaudación. La Resolución 551/2026, publicada este lunes 16 de noviembre, estableció un perjuicio fiscal actualizado de $117.246.510,53 y dispuso impulsar las gestiones para recuperar los fondos.
La medida alcanza al Registro Seccional de la Propiedad del Automotor N.º 5 y al registro con competencia exclusiva en motovehículos de Lomas de Zamora Letra A. Es el cierre de un sumario administrativo ordenado en agosto de 2025 por irregularidades en el manejo de recursos de ambas oficinas.
Los incumplimientos examinados corresponden a períodos comprendidos entre julio de 2024 y el 17 de febrero de 2025. La instrucción había calculado un capital pendiente de $73.566.460,66. Luego, una actualización de la Sindicatura General de la Nación llevó el perjuicio a más de $117 millones al 15 de septiembre de 2026. El reclamo contempla los intereses que correspondan hasta el cobro efectivo.
Qué dinero debía transferirse
La recaudación de los registros no queda íntegramente a disposición de sus encargados. El esquema distingue los emolumentos destinados a la retribución y los gastos operativos de los remanentes que pertenecen a la Administración Central. El reproche administrativo se concentra en que esa segunda porción no fue depositada en los plazos exigidos.
Durante el sumario, Castañón negó que hubiera una maniobra de apropiación o desvío. Atribuyó la falta de depósitos al desfinanciamiento de los registros y sostuvo que había solicitado alternativas para regularizar la deuda mediante pagos escalonados. También planteó que otras seccionales atravesaban dificultades similares.
El Ministerio rechazó esa explicación como justificación del incumplimiento. Consideró que los desequilibrios de la gestión no habilitan a retener recursos del Estado para cubrir gastos propios. La distinción es relevante para el control público de oficinas que cobran aranceles por trámites ciudadanos: que una suma se perciba en un registro no significa que sea un ingreso de libre uso de quien lo administra.
Una sanción administrativa, no una condena penal
La resolución declara responsabilidad disciplinaria y aplica la remoción. También ordena avanzar con acciones administrativas y judiciales para recuperar el dinero. Esa decisión no debe confundirse con una sentencia penal: los hechos se investigan además en una causa por presunta defraudación en el fuero federal de Lomas de Zamora.
La vía administrativa tampoco está agotada. La exencargada puede impugnar la medida mediante los recursos previstos, con plazos que se cuentan desde su notificación. La existencia de esa posibilidad forma parte del procedimiento y debe distinguirse de la decisión ya adoptada por el Ministerio.
El siguiente paso será el recupero efectivo de los fondos y la evolución de los expedientes que correspondan. La publicación de la sanción no acredita que el Estado ya haya cobrado lo adeudado ni permite anticipar el resultado de la investigación penal.
