La Corte aprobó un protocolo médico para evaluar pedidos de prisión domiciliaria
Publicado: 16 / 11 /2026La resolución publicada este lunes exige contrastar la salud del detenido con la atención disponible en la cárcel. La decisión sobre cada pedido sigue a cargo del juez.
La Corte Suprema aprobó un protocolo médico para unificar las evaluaciones de salud utilizadas en los pedidos de prisión domiciliaria de personas detenidas en el sistema penitenciario federal. La Resolución 2867/2026, publicada este lunes 16 de noviembre, establece una metodología que vincula el diagnóstico de cada persona con las posibilidades concretas de recibir tratamiento en el lugar donde está alojada.
La medida no concede arrestos domiciliarios ni convierte una enfermedad en una autorización automática para cumplir la detención en una vivienda. El informe pericial será una herramienta para el magistrado, que conserva la responsabilidad de resolver cada solicitud con los demás elementos de la causa.
La resolución lleva las firmas de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. El documento fue elaborado por el Cuerpo Médico Forense a partir de un encargo de la propia Corte, dispuesto el 21 de agosto mediante la Acordada 21/2026. La publicación de este lunes completa esa etapa de elaboración y aprobación de criterios comunes.
No alcanza con enumerar enfermedades
El examen deberá determinar qué atención necesita la persona detenida, cuáles son sus antecedentes clínicos y qué tratamientos, medicamentos o controles requiere. Incluye la evaluación de la salud mental y de la autonomía para las actividades cotidianas, además de los estudios que correspondan en cada caso.
El segundo componente es penitenciario: verificar si esa atención puede brindarse efectivamente en la unidad. La existencia declarada de un consultorio o de un especialista no resuelve por sí sola el problema. Deben revisarse el acceso real a prestaciones, la continuidad de los medicamentos, los traslados y las condiciones de alojamiento.
Las autoridades de los establecimientos deberán aportar información documentada. Ese relevamiento se contrastará con los registros sanitarios y con informes de organismos de control. La finalidad es que la pericia no describa por separado una enfermedad y una cárcel, sino que establezca si las necesidades del paciente pueden ser atendidas allí.
Qué puede concluir la evaluación
El protocolo diferencia situaciones en las que el tratamiento resulta posible en la unidad, otras en las que requiere condiciones específicas y casos en los que debe buscarse una alternativa dentro del sistema, como un traslado o una internación. También contempla que la atención no pueda garantizarse en el ámbito penitenciario o que falten datos indispensables para una conclusión.
Esas diferencias importan porque un problema en un establecimiento no equivale necesariamente a la imposibilidad de recibir tratamiento en toda la red penitenciaria. Tampoco una evaluación incompleta debería presentarse como una certificación concluyente sobre el estado de salud o la capacidad de atención.
La discusión involucra derechos de las personas detenidas, obligaciones sanitarias del Estado y decisiones judiciales que requieren fundamento individual. El protocolo busca ordenar la evidencia necesaria para esas decisiones, sin sustituirlas. Su aplicación deberá mostrar si los establecimientos entregan información suficiente y si los tratamientos que se declaran disponibles llegan efectivamente a quienes los necesitan.
