RIGI: el Gobierno amplió la definición de proveedor local a empresas de capital extranjero
Publicado: 16 / 11 /2026El Decreto 1366/2026 rige desde este lunes. Las firmas constituidas y domiciliadas en el país podrán participar sin importar el origen de sus accionistas; los bienes deberán acreditar origen nacional.
El Gobierno modificó este lunes 16 de noviembre la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y eliminó la exigencia de mayoría de capital local para que una empresa sea considerada proveedora argentina. La decisión permite que sociedades controladas por accionistas extranjeros, pero constituidas y domiciliadas en el país, compitan en ese segmento de contrataciones.
El cambio quedó establecido en el Decreto 1366/2026, firmado por Javier Milei, Diego Santilli y Luis Caputo. La norma modifica la reglamentación aprobada en 2024 y entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial. El Ejecutivo sostiene que busca ampliar la concurrencia y vincular a las empresas radicadas en la Argentina con las cadenas de abastecimiento de las grandes inversiones.
El domicilio de la empresa no define el origen del producto
La distinción central es entre quién vende y qué vende. Para las personas jurídicas, la condición de proveedor local pasa a depender de su constitución y domicilio, no de la nacionalidad o residencia de sus accionistas. Las personas humanas deben tener domicilio fiscal argentino.
Pero una filial radicada en el país no podrá convertir automáticamente una importación en una compra de origen nacional. Cuando se trate de bienes, seguirán siendo exigibles las reglas de origen del Mercosur. La autoridad de aplicación deberá precisar la metodología utilizada para verificar ese requisito.
Para las pymes que aspiran a abastecer proyectos mineros, energéticos o de infraestructura, el efecto inmediato es un universo más amplio de competidores. Eso no demuestra, por sí solo, que perderán contratos ni permite anunciar nuevos empleos: el resultado dependerá de las compras concretas, las capacidades productivas y la fiscalización del régimen.
Cambios de socios, plazos y dólares
El RIGI fue creado por la Ley Bases de 2024 para ofrecer incentivos y estabilidad a grandes proyectos. Su funcionamiento utiliza vehículos de proyecto único: sociedades u otras estructuras dedicadas a ejecutar una inversión determinada. El decreto también introduce ajustes para esas organizaciones.
La adquisición de acciones de un vehículo adherido no hará perder sus beneficios, pero tampoco contará como inversión nueva para alcanzar el mínimo exigido. Las uniones transitorias y los contratos asociativos podrán incorporar integrantes o transferir participaciones bajo condiciones de información, continuidad de los compromisos y responsabilidad por las obligaciones previas.
Para los proyectos de exportación estratégica de largo plazo se distingue la fecha límite de la inversión mínima del conjunto de los compromisos correspondientes a cada etapa. Además, podrán computarse determinados aportes y endeudamientos externos de accionistas o integrantes vinculados, siempre que las divisas se destinen efectivamente al proyecto y queden registradas de manera trazable.
La aplicación abre una tarea concreta para el Estado: controlar el origen de los bienes y el cumplimiento de las inversiones, sin confundir una reorganización societaria con capital productivo nuevo. Esos controles y las decisiones de contratación permitirán evaluar el alcance real del cambio.
