Vialidad: Casación rechazó los recursos contra el decomiso de bienes de los Kirchner

La Sala IV declaró inadmisibles los planteos de Máximo y Florencia Kirchner y de Hotesur y Los Sauces. La decisión no impide que las defensas acudan en queja a la Corte.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el viernes 13 de noviembre los recursos extraordinarios de Máximo y Florencia Kirchner y de las sociedades Hotesur y Los Sauces en un incidente de la ejecución del decomiso de la causa Vialidad. Los planteos buscaban llevar ante la Corte Suprema la discusión sobre la suspensión del trámite y la participación de las empresas cuyos inmuebles están embargados.

La Sala IV resolvió por unanimidad. Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña consideraron que las presentaciones no cumplían las condiciones para habilitar esa instancia: no cuestionaban una sentencia definitiva ni demostraban un daño irreparable que permitiera tratar la resolución como si lo fuera.

El alcance del rechazo

La decisión mantiene el curso del procedimiento patrimonial, pero no equivale a una nueva condena penal de los hijos de Cristina Kirchner ni a una orden de rematar inmediatamente todos los bienes discutidos. Tampoco clausura cualquier revisión: las defensas todavía pueden presentar una queja directamente ante la Corte por la denegación de los recursos.

Máximo y Florencia habían solicitado que se suspendieran la ejecución y las cautelares hasta que el máximo tribunal resolviera una queja pendiente. Alegaron que se avanzaba sobre bienes de personas no condenadas en Vialidad y denunciaron afectaciones al derecho de propiedad, la igualdad ante la ley y la defensa en juicio.

Las dos sociedades, a su vez, reclamaron intervenir para defender su patrimonio. El incidente incluye trece inmuebles embargados. El Tribunal Oral Federal 2 había diferido el tratamiento de su participación hasta la oportunidad procesal correspondiente; Casación ya había declarado inadmisibles las primeras impugnaciones el 8 de octubre.

Una disputa por la ejecución, no por la pena

El trasfondo es la condena firme de Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La sentencia quedó firme el 10 de junio de 2025. El decomiso procura recuperar los efectos económicos del delito y su monto fue actualizado a cerca de 684.990 millones de pesos.

La controversia actual se concentra en cómo se ejecuta esa consecuencia patrimonial y qué posibilidades tienen de intervenir quienes invocan derechos sobre los bienes. No debe confundirse con el juicio oral de Hotesur-Los Sauces: aunque esas sociedades aparecen en ambos expedientes, aquí se discuten decisiones adoptadas dentro de la ejecución de Vialidad.

Los camaristas entendieron que invocar garantías constitucionales no bastaba: debía acreditarse su relación directa con lo efectivamente resuelto y la existencia de un perjuicio que no pudiera repararse después. También descartaron que se hubiera justificado una situación de gravedad institucional.

Para el Estado, sigue abierto el procedimiento destinado a recuperar patrimonio; para las defensas, continúa la disputa por sus límites. La eventual presentación de una queja y las próximas decisiones del tribunal de ejecución marcarán los pasos siguientes, sin que este rechazo permita anticipar el destino de cada propiedad.