La Corte IDH condenó a la Argentina por la destitución de Moliné O’Connor

El tribunal consideró que la remoción de 2003 vulneró la independencia judicial. Ordenó reparaciones y fijó pautas para aplicar las causales de juicio político.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado argentino por la destitución de Eduardo Moliné O’Connor como integrante de la Corte Suprema en 2003. La sentencia, notificada el jueves 12 de noviembre, cuestionó que el juicio político se hubiera apoyado en el criterio jurídico expresado por el magistrado en sus decisiones y ordenó medidas de reparación.

El pronunciamiento vuelve sobre una transformación decisiva del máximo tribunal durante el gobierno de Néstor Kirchner. Pero su alcance no se limita a revisar ese episodio: establece garantías que deben respetarse cuando el Congreso evalúa la remoción de un juez de la Corte. La disconformidad con el contenido de una sentencia no puede convertirse, por sí sola, en una herramienta para desplazarlo.

El juicio político y los límites del control legislativo

Moliné O’Connor fue destituido por el Senado el 3 de diciembre de 2003, con 45 votos a favor y 19 en contra. La acusación por mal desempeño incluyó su intervención en el caso Meller, vinculado con un reclamo económico contra el Estado por deudas de la exEntel.

El proceso formó parte de la renovación de la Corte identificada con la llamada mayoría automática del menemismo. Moliné O’Connor y Antonio Boggiano fueron removidos mediante juicio político; otros integrantes dejaron sus cargos por renuncia. Esa disputa constituye el antecedente político del caso, pero no reemplaza el examen de las garantías que cada procedimiento debía respetar.

El tribunal interamericano concluyó que distintas decisiones del trámite carecieron de fundamentación suficiente. También objetó la respuesta de la Justicia argentina a los recursos que el exmagistrado presentó para cuestionar su remoción: sus agravios no recibieron una revisión adecuada.

La sentencia no elimina la responsabilidad de los jueces ni suprime el juicio político previsto por la Constitución. Exige que ese control respete la independencia judicial, el derecho de defensa y la protección judicial. El punto institucional es distinguir una conducta que pueda justificar una sanción del desacuerdo político con la interpretación de la ley.

La reparación llega después de su muerte

Moliné O’Connor falleció en agosto de 2014, cuando su reclamo todavía estaba en trámite. La decisión internacional llega más de doce años después y comprende las consecuencias patrimoniales y previsionales de la destitución.

La Corte IDH consideró que la revocación de la pensión vitalicia vulneró sus derechos y que el proceso iniciado para reclamarla se prolongó injustificadamente durante más de una década. Ordenó regularizar ese régimen, publicar y difundir la sentencia y pagar las indemnizaciones, costas y gastos establecidos en el fallo.

Además, dispuso que las autoridades argentinas interpreten y apliquen el artículo 53 de la Constitución, que contempla las causales de juicio político, de acuerdo con la Convención Americana y los estándares del tribunal. Para los ciudadanos, la cuestión remite a una garantía básica: que los jueces puedan resolver sin depender de la conformidad de una mayoría política, pero con mecanismos de responsabilidad compatibles con el debido proceso.

El paso siguiente será el cumplimiento de las reparaciones y de las pautas institucionales ordenadas. El fallo no resuelve automáticamente otros expedientes ni borra las controversias políticas de 2003: obliga al Estado a responder por las violaciones determinadas en este caso.