La Corte exigió una respuesta urgente por la educación inclusiva de una adolescente

El máximo tribunal anuló el rechazo de un amparo contra el Consejo General de Educación de Entre Ríos. La Justicia provincial deberá dictar un nuevo pronunciamiento.

La Corte Suprema dejó sin efecto una sentencia de la máxima instancia judicial de Entre Ríos que había cerrado la vía del amparo a una madre que reclama educación inclusiva para su hija adolescente. La decisión, difundida este jueves 12 de noviembre, ordena que se dicte un nuevo fallo con la urgencia que exige el caso.

El reclamo está dirigido contra el Consejo General de Educación provincial y busca la implementación de un Proyecto Pedagógico Individual, conocido como PPI, para garantizar la trayectoria escolar de la joven en Rosario del Tala. La discusión no es solamente por el acceso a un establecimiento: alcanza a las condiciones que hacen posible sostener una educación acorde con sus necesidades.

El recorrido del reclamo

En primera instancia, un juez había admitido el amparo y ordenado elaborar ese proyecto. Consideró insuficientes las alternativas ofrecidas, entre ellas la asistencia a una escuela especial o el cursado aislado de algunas materias, porque no constituían una propuesta planificada para la situación de la adolescente.

La provincia apeló. El Superior Tribunal de Justicia entrerriano rechazó la acción al señalar que existía un procedimiento administrativo sobre el mismo asunto. Ese argumento llevó a la familia a recurrir ante la Corte nacional.

Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz cuestionaron que se invocara aquel trámite sin examinar si podía dar una solución útil. Las propias autoridades educativas habían dejado asentado que ya habían realizado las intervenciones y presentado las opciones disponibles en la localidad.

Para el tribunal, eso mostraba que el procedimiento estaba concluido o, al menos, que no aparecía como un camino eficaz para resolver el conflicto. La existencia de un expediente administrativo no podía convertirse automáticamente en una barrera para obtener protección judicial.

Un derecho que necesita medidas concretas

Ricardo Lorenzetti coincidió con la decisión mediante un voto propio. Puso el acento en que el reconocimiento del derecho a la educación debe traducirse en su aplicación efectiva, especialmente cuando están involucrados menores de edad y personas con discapacidad.

El amparo es una herramienta de protección rápida frente a la afectación de derechos. En este caso, la Corte reprochó que una lectura formal del procedimiento dejara sin respuesta el problema educativo que la familia había llevado a los tribunales.

El impacto de la resolución alcanza a una cuestión cotidiana para muchas familias: que las respuestas administrativas y judiciales lleguen a tiempo para sostener una trayectoria escolar. El PPI es parte de una discusión sobre apoyos y propuestas concretas, no una simple constancia de que el expediente sigue abierto.

La Corte no anunció que la situación escolar ya esté resuelta ni sustituyó el nuevo pronunciamiento que deberá emitir la Justicia provincial. Lo que hizo fue anular el rechazo del amparo y exigir que el reclamo reciba una respuesta efectiva y urgente. La implementación de esa respuesta es el paso que permanece pendiente.