Condenaron al policía que arrojó gas pimienta a una niña durante una marcha de jubilados

Cristian Rivaldi recibió un año y tres meses de prisión en suspenso y una inhabilitación de dos años y medio. El fallo de Daniel Rafecas revisa el uso de la fuerza frente al Congreso en septiembre de 2024.

El policía federal Cristian Miguel Rivaldi fue condenado este miércoles 11 de noviembre por haber arrojado gas pimienta contra una niña de diez años y su madre durante una manifestación de jubilados frente al Congreso. El juez federal Daniel Rafecas le impuso un año y tres meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial por el doble de ese plazo.

La sentencia lo consideró responsable de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con lesiones leves. La modalidad de la pena no implica su ingreso inmediato a prisión. La inhabilitación, en cambio, alcanza dos años y seis meses. No se informó que el fallo haya quedado firme.

El hecho ocurrió el 11 de septiembre de 2024, en las inmediaciones de Rivadavia y Callao. Carla Pegoraro y su hija estaban sentadas sobre el asfalto cuando avanzaron los efectivos. La acusación sostuvo que ninguna agredía a los policías ni se resistía a una orden que pudiera justificar el uso del aerosol contra ellas.

Las imágenes y la atención médica fueron centrales

El juicio correccional se desarrolló en una sola jornada. La acusación estuvo a cargo del fiscal Eduardo Taiano y las víctimas fueron representadas por el abogado Gregorio Dalbón. El expediente reunió filmaciones, fotografías, testimonios e informes de la propia Policía Federal para identificar al agente y reconstruir su intervención.

También se incorporó la documentación del Hospital Oftalmológico Santa Lucía, donde la niña recibió un diagnóstico de conjuntivitis química. Ese registro permitió relacionar la exposición al gas con una lesión concreta, más allá de la repercusión pública que habían tenido las imágenes.

Durante la investigación, Rivaldi negó haber dirigido el aerosol contra una menor. Explicó que había recibido órdenes de avanzar y dispersar a los manifestantes, sostuvo que no había visto a la niña entre la gente y planteó que un tercero pudo haber arrojado gas. La acusación rechazó esa explicación a partir de los videos y destacó que llevaba el visor del casco parcialmente levantado.

El límite del uso de la fuerza

El caso vuelve sobre una discusión que atravesó los operativos de seguridad en las protestas: la obligación de emplear únicamente la fuerza necesaria y de extremar el cuidado cuando hay niños, embarazadas o adultos mayores. Taiano invocó esas pautas al fundamentar la acusación, que había elevado a juicio en octubre de 2025.

Cuando ocurrió el ataque, Patricia Bullrich dirigía el Ministerio de Seguridad y Alejandra Monteoliva era su segunda. La condena conocida este miércoles recae sobre la conducta individual de Rivaldi: no constituye una sentencia contra las autoridades políticas del operativo. Queda por conocerse si las partes recurrirán la decisión y cuál será su recorrido hasta adquirir firmeza.