Empresas recuperadas bonaerenses: publicaron la ley que frena desalojos y cortes de servicios

La Ley 15.679 establece una emergencia por tres años y prevé facilidades para pagar deudas. La protección alcanza a cooperativas inscriptas que sostienen la actividad de empresas cerradas o en crisis.

La provincia de Buenos Aires publicó este martes 10 de noviembre la Ley 15.679, que declara la emergencia económica, financiera y tarifaria de las empresas recuperadas por sus trabajadores. La medida mantiene herramientas de protección frente a desalojos y cortes de determinados servicios públicos, con el objetivo de preservar la continuidad de esas unidades productivas.

El régimen tiene un plazo de tres años contado desde la sanción de la ley, ocurrida el 20 de octubre. El Poder Ejecutivo podrá extenderlo si persisten las causas que originaron la emergencia. La novedad de este martes es su publicación, posterior al trámite que la Legislatura completó el mes pasado.

La protección y sus condiciones

Durante la emergencia quedan suspendidas las acciones judiciales, los trámites y las diligencias destinados a ordenar o ejecutar desalojos de las empresas comprendidas, cualquiera sea la etapa del procedimiento. La protección busca evitar que la pérdida del establecimiento interrumpa una producción que los trabajadores lograron mantener tras la crisis de la firma original.

También se suspenden los cortes de los servicios públicos provinciales de distribución de electricidad, agua potable y desagües cloacales. La medida no equivale a declarar gratuitos esos suministros: las prestadoras deberán ofrecer planes con facilidades de pago para las deudas que se generen durante la emergencia.

Las condiciones de esos planes deben ajustarse a las pautas de los organismos de control competentes, entre ellos el Organismo de Control de Energía Eléctrica bonaerense y la Autoridad del Agua. El alcance provincial de la norma importa: no corresponde extender la suspensión, sin más, a cualquier servicio o deuda de una cooperativa.

La ley contempla cooperativas de trabajo constituidas o en trámite de constitución, gestionadas por empleados que continuaron una empresa anterior después de su quiebra, cierre, abandono, vaciamiento o desmantelamiento, entre otras situaciones. Para acceder a la protección deben estar inscriptas en el Registro Provincial de Cooperativas.

Una continuidad para sostener el trabajo

El régimen retoma la protección de la Ley 15.485, promulgada en 2024 y luego prorrogada. La nueva iniciativa recibió media sanción del Senado el 6 de octubre y aprobación definitiva de Diputados el 20. Fue impulsada por Malena Galmarini y otras senadoras junto con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y las cooperativas.

El Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo informó, al comunicar la sanción, que la medida respalda a más de 130 cooperativas y a más de 4.000 trabajadores. Ese relevamiento no debe confundirse con estimaciones más amplias o registros históricos del sector: describe un universo censado por el organismo provincial.

La emergencia ofrece tiempo para sostener la actividad y ordenar obligaciones, pero no resuelve por sí sola la propiedad de los inmuebles ni cancela las deudas. Para los trabajadores, su efecto concreto está en evitar que un desalojo o un corte paralice el establecimiento mientras se tramitan esas cuestiones. La aplicación de los planes de pago y la situación registral de cada cooperativa serán claves para hacer efectiva la protección.