Un exgerente de Telecom al frente del ENACOM: los controles pendientes sobre la compra de Telefónica

Andrés Michelazzo trabajó más de 16 años en Telecom y asumió la intervención del regulador hasta el 4 de enero de 2027. La compra de Telefónica ya había recibido una autorización condicionada: quedan por instrumentar transferencias de clientes, activos y espectro. Qué debe controlar el organismo y por qué importa su independencia.

El decreto tiene cuatro artículos y no explica las razones del recambio. El 1149/2026, publicado el 6 de octubre, acepta la renuncia de Juan Martín Ozores al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), le agradece «los servicios prestados» y designa en su lugar al ingeniero Andrés Michelazzo. No dice por qué se va uno ni por qué llega el otro.

Sí establece un plazo preciso: desde el 6 de octubre hasta el 4 de enero de 2027. Unos tres meses, coincidentes con el vencimiento de la intervención prorrogada por el Decreto 938/2025. El nuevo interventor no recibió un mandato que vaya más allá del que ya estaba escrito.

Firman Javier Milei y Diego Santilli. Desde julio, por el Decreto 581/2026, el ENACOM quedó directamente bajo la Jefatura de Gabinete, fuera de la estructura de la Secretaría de Innovación. El cambio de conducción se produce mientras el Estado debe controlar las condiciones impuestas a la compra de Telefónica por Telecom, una operación que modifica el mapa de las comunicaciones argentinas.

Quién se va y quién llega

Ozores había llegado en enero de 2024, cuando la intervención se dispuso por 180 días. Esos seis meses terminaron convirtiéndose, a fuerza de prórrogas, en casi tres años. Antes de ingresar al Gobierno había trabajado en el sector privado, incluida Movistar. Anunció su salida en LinkedIn con un balance de gestión y agradecimientos.

La explicación política no aparece en el decreto. iProfesional la vinculó con la disputa entre Karina Milei y Santiago Caputo y sostuvo, sobre la base de fuentes al tanto de la decisión, que Santilli eligió al reemplazante por indicación de la Secretaría General de la Presidencia. Esa reconstrucción periodística debe distinguirse de lo que formalmente documenta el nombramiento.

Michelazzo es cordobés, de Villa Allende, y tiene alrededor de tres décadas de trayectoria. Trabajó más de 16 años en Telecom, en funciones técnicas, sistemas, conectividad internacional y cuentas mayoristas. También fue director de Ingeniería de Internexa en Argentina y asesor del Servicio Europeo de Acción Exterior, en Bruselas.

Entre 2021 y 2023 integró la Agencia Conectividad Córdoba durante la gobernación de Juan Schiaretti, con responsabilidades de desarrollo comercial. Desde 2024 se desempeñaba como consultor. Sus antecedentes profesionales muestran experiencia en redes y negocios mayoristas. También dejan planteada la cuestión central: cómo garantizar la independencia de quien ahora debe regular un mercado en el que desarrolló buena parte de su carrera.

El expediente de Telecom y Telefónica

La operación comenzó el 24 de febrero de 2025, cuando Telecom anunció la compra de Telefónica de Argentina por US$ 1.245 millones. El 18 de junio de 2026, la autoridad de competencia la autorizó con condiciones para evitar una concentración excesiva.

Entre las obligaciones se encuentra la transferencia a un adquirente independiente de seis millones de clientes móviles —cuatro millones en el AMBA y dos millones en el resto del país—, junto con espectro y activos necesarios para prestar el servicio. También se exigieron desinversiones en internet fija.

El 14 de octubre, el directorio de Telecom aceptó una oferta de CPS Comunicaciones, conocida como Metrotel. La comunicación presentada por la empresa ante el mercado informa un precio de US$ 450 millones, más IVA y otros tributos aplicables, pagadero en cuotas. La cifra combina la venta de activos con un mínimo garantizado bajo un acuerdo de compartición de infraestructura: no es solamente el precio de una cartera de clientes.

El paquete informado comprende 6.005.425 clientes móviles y 211.566 abonados de internet residencial. Incluye derechos de uso de espectro, infraestructura de red, acuerdos de servicios y una licencia para utilizar la marca Tuenti. La aceptación de la oferta autorizó avanzar con los contratos definitivos y las transferencias; no equivale, por sí sola, a acreditar que todo ese proceso haya concluido.

Hay una precisión decisiva en la cronología: la ausencia de objeciones del ENACOM a Metrotel ya había sido informada el 19 de agosto, antes de la llegada de Michelazzo. Esa actuación no puede atribuirse a su gestión. Lo que recibe el nuevo interventor es la responsabilidad sobre las tareas regulatorias que siguen pendientes.

La pregunta por el conflicto de intereses

El ENACOM no reemplaza a la autoridad de defensa de la competencia. Pero tampoco es un espectador. Elaboró informes técnicos utilizados para analizar la concentración y tiene competencias sobre el espectro radioeléctrico, las licencias y la instrumentación de las transferencias necesarias para cumplir las condiciones de la operación.

Que Michelazzo haya trabajado en Telecom no demuestra, por sí solo, una infracción ni permite dar por acreditado un conflicto de intereses. Tampoco alcanza con señalar que otra autoridad autorizó la compra para descartar cualquier problema: la evaluación exige considerar sus vínculos actuales, las funciones que ejerció y las decisiones concretas en las que intervenga, bajo las reglas de ética pública.

La pregunta pertinente es qué garantías de transparencia acompañarán su gestión. Si existen causales de excusación, deben aplicarse; si no existen, la publicidad de los antecedentes, los dictámenes y las decisiones sigue siendo una condición básica para controlar al regulador. La independencia no se presume solamente por el título profesional ni se invalida automáticamente por un currículum: se verifica en el ejercicio del cargo.

El otro frente: el Fondo del Servicio Universal

La discusión no termina en la compra de Telefónica. El organismo administra el Fondo del Servicio Universal (FSU), financiado con una contribución del 1% de los ingresos alcanzados de los prestadores TIC y destinado a ampliar el acceso a las comunicaciones.

En septiembre, la Mesa TIC pidió reducir ese aporte al 0,5% y ampliar los mecanismos para computar inversiones directas en infraestructura. La estimación de que el Fondo superaba los $370.000 millones corresponde a esa mesa empresaria, según la información publicada entonces; no debe presentarse como un saldo actual auditado.

En paralelo, el ENACOM aprobó un esquema con Starlink para conectar 6.000 escuelas rurales. La Resolución 857/2026 contempla un proyecto de US$ 21,876 millones: US$ 9,978 millones de aporte de Starlink y US$ 11,898 millones a cargo del FSU. El aporte privado cubre equipos y los primeros dos años de conectividad; los recursos públicos financian instalación, soporte, monitoreo y un tercer año de servicio.

Por eso, describirlo únicamente como una donación oculta una parte del esquema: hay financiamiento público y obligaciones de continuidad que deben poder controlarse. La discusión de fondo es cómo se asignan los recursos, con qué criterios se eligen las escuelas y cómo se garantiza la conectividad cuando termina la cobertura prevista. Para las comunidades y los prestadores locales importa tanto llegar donde no hay redes como sostener servicios accesibles en el tiempo.

Qué decisiones quedan por mirar

Cuatro asuntos deberían ordenar el seguimiento público. Primero, la transparencia de las decisiones que tome el ENACOM sobre las transferencias de espectro y activos. Segundo, la aplicación de las reglas de conflicto de intereses y excusación cuando corresponda. Tercero, la participación de cooperativas, proveedores locales y usuarios en las decisiones que afectan la competencia y la conectividad. Cuarto, qué hará el Gobierno cuando venza la intervención el 4 de enero de 2027: restituir la conducción colegiada prevista para el organismo o volver a extender el régimen excepcional.

Lo que se define no es solamente un reordenamiento de empresas. Es quién presta el servicio, con qué infraestructura, a qué precio y bajo qué controles. Para los hogares, las escuelas y los medios comunitarios, la concentración del mercado y la independencia del regulador tienen consecuencias concretas.

El organismo que regula telefonía, internet, radio y televisión lleva casi tres años intervenido. Ahora tiene al frente a un profesional que desarrolló una parte importante de su carrera en la compañía cuyo crecimiento debe supervisar. El dato no prueba una irregularidad. Sí vuelve indispensable que las decisiones puedan ser examinadas, y no solamente anunciadas por decreto.

Hilo que dio origen a esta nota. Fotografía de Andrés Michelazzo: La Voz.